JOSÉ ADÁN SILVA
Vestidos con viejos trajes de fatiga, camufle desgastado y botas de campaña, unos 300 excombatientes del otrora Servicio Militar Patriótico (SMP, de carácter obligatorio entre 1983 y 1990), se tomaron ayer la rotonda de Plaza Inter y marcharon en protesta un trecho de la Avenida Bolívar en Managua.
Los exsoldados, que prestaron servicio militar en la guerra civil en la década de los años ochenta, exigían al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega el cumplimiento a la Ley 830, Ley Especial para Atención a Excombatientes.
Dicha legislación fue aprobada el 29 de enero del año en curso, sin embargo, los supuestos beneficiarios se quejan de que han pasado casi diez meses desde su sanción y el Estado ha incumplido en la integración de una comisión nacional y en la asignación de recursos para hacer efectivo el reclamo de unos 55,000 hombres que pelearon, bajo obligación de ley o de forma voluntaria, en defensa del país bajo la guerra que se libró en el primer periodo del entonces presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (1979-1990) contra guerrillas financiados por Estados Unidos.
Francisco Javier Robleto, fiscal nacional de la Asociación de Veteranos de Guerra, antigua SMP, dijo que su agrupación, integrada por 8,100 hombres a nivel nacional, demanda la integración de una Comisión Nacional que apruebe los reglamentos que harían funcionar la Ley 830.
“Nos dijeron en febrero que el reglamento estaría en 180 días, ya pasaron esos días, llevamos más de ocho meses y estamos exigiendo que cumplan no con su palabra, sino con la ley”, dijo Robleto.
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