José Adán Silva
Vestidos con viejos trajes de fatiga, camufle desgastado y botas de campaña, unos 300 excombatientes del otrora Servicio Militar Patriótico (SMP, de carácter obligatorio entre 1983 y 1990), junto a familiares y curiosos, se tomaron por espacio de una hora la rotonda de Plaza Inter (recién bautizada como Hugo Chávez) y un trecho de la Avenida Bolívar en Managua.
Los llamados ex “cachorros de Sandino”, que prestaron servicio militar en la guerra civil en la década de los años ochenta, exigían a gritos al gobierno del presidente Daniel Ortega el cumplimiento a la ley 830 Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional.
Dicha legislación fue aprobada el pasado 29 de enero del año en curso, sin embargo, los supuestos beneficiarios se quejan que han casi diez meses desde su sanción y el Estado ha incumplido en la integración de una comisión nacional y en la asignación de recursos para hacer efectivo el reclamo de unos 55,000 hombres que pelearon, bajo obligación de ley o de forma voluntaria, en defensa del país bajo la guerra que se libró en el primer período del entonces presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (1979-1990) contra Contras financiados por Estados Unidos.
Lanzando morteros artesanales y sonando a alto volumen canciones testimoniales e himnos de guerra de la violenta década de los 80, los protestantes, en su mayoría hombres adultos de entre 40 y 55 años, exigían a Ortega la aplicación de la citada norma jurídica.
Fracisco Javier Robleto, fiscal nacional de la Asociación de Veteranos de Guerra, exSMP, dijo que su agrupación, integrada por 8,100 hombres a nivel nacional, demandaba la integración de una Comisión Nacional que aprobara los reglamentos que harían funcionar la ley 830.
La citada ley establece la formación de una Comisión Nacional, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que en un plazo de 12 meses se deberá elaborar un estudio de factibilidad y los cálculos actuariales correspondientes para la viabilidad de la seguridad social de los exmiembros del Ejército Popular Sandinista, el antiguo Ministerio del interior, sus Órganos y demás fuerzas auxiliares del Ministerio de Gobernación hasta diciembre de 1994.
“Nos dijeron en febrero que el reglamento estaría en 180 días, ya pasaron esos días, llevamos más de ocho meses y estamos exigiendo que cumplan no con su palabra, sino con la ley”, dijo Robleto, rodeado de una decena de excompañeros de armas que coreaban la palabra “justicia”.
Según el líder de los excombatientes, la marcha de hoy fue apenas “un calentamiento”, es decir, una protesta previa a otras mayores si no les dan respuesta antes que finalice noviembre.
“Si no nos cumplen, vamos a una marcha nacional, vamos a bloquear las vías hacia la capital y vamos a protestar enérgicamente en todo el país, el gobierno sabe de lo que somos capaces y estamos dispuesto a todo, no en balde fuimos a la guerra para quedarnos de brazos cruzados y dejarnos engañar”, amenazó Robleto, quien dijo que cuentan con organizaciones en todo el país que los apoyan.
No es la primera vez que los exsoldados y militares protestan en el país en demanda de beneficios para su supervivencia. Ya en otras ocasiones han recurrido a organizaciones de derechos humanos y a plazas públicas a expresar su desacuerdo con algunos aspectos de la cuestionada ley.
Esta agrupación es apenas una, de varias, que han rechazado la ley y acusan al gobierno de jugar con los derechos de los excombatientes. Otras organizaciones de desmovilizados incluso han recurrido de inconstitucionalidad contra le citada norma, argumentando que la misma no reconoce pensiones de guerra con carácter obligatorio, sino a criterio de una burocrática organización civil denominada Comisión Nacional.
Contrario a otras protestas sociales, donde los manifestantes son asediados por grupos juveniles de la Juventud Sandinista o motorizados afines al gobierno, en este reclamo no hubo más que unos pocos policías de tránsito que, de lejos, desviaban el tráfico del sitio donde los morteros y las viejas canciones de guerra sonaban tan alto como los reclamos contra le ley 830.
