Elízabeth Romero, Gloria Picón y Félix Rivera
El sistema judicial se mostró implacable con el campesino Miguel Peralta. Pese a la situación extrema de deterioro de salud como consecuencia de un balazo en la cabeza, que lo lleva a desplazarse en su celda con apoyo de las manos, la suma de la pena impuesta por la judicial es de 37 años de cárcel.
Sin embargo, la Constitución Política de Nicaragua no permite pena más allá de 30 años.
La juez Segundo de Distrito de Juicios de Jinotega, Liz María Centeno, justificó que, aunque el estado físico de Peralta es palpable, el defensor no presentó un informe forense que demostrara la incapacidad física que padece por la herida recibida el 18 de julio.
La judicial lo declaró culpable pese a los señalamientos de la defensa de falta de pruebas.
Al final la pena total que dictó la juez suma 37 años y 200 días de multa y del único delito que fue exculpado Peralta, es por uso de uniforme militar.
El fiscal Luden Montenegro pidió a la juez aplicar la pena máxima por la peligrosidad que representaba el detenido. La juez ripostó: “Qué peligrosidad puede significar Miguel”.
[/doap_box]
Peralta es miembro de un grupo de armados liderado por Gerardo Gutiérrez, conocido por el apodo de “El Flaco”, que el pasado 18 de julio en el sector del Tamalaque, Pantasma, Jinotega, se enfrentó con miembros del Ejército de Nicaragua donde resultó muerto el miembro de esa institución armada, Davis Treminio (q.e.p.d) , y otro soldado herido, Nery Ramón Garmendia. Ese día Peralta resultó herido de bala y quedó con la mitad del cuerpo paralizado.
A diferencia de otros casos en los que las autoridades han alegado razones de humanismo, como el caso de William Hurtado, asesino del periodista sandinista Carlos Guadamuz, con Peralta el Estado no se mostró indulgente, criticó el director jurídico, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
Con Hurtado las autoridades alegaron estrés carcelario a su favor para liberarlo.
El defensor de derechos humanos, aclaró que ese organismo condena los hechos en los que Peralta se vio involucrado, pues pereció un soldado del Ejército y otro resultó herido. Sin embargo, estimó que por “humanismo”, la ley debió aplicarse de forma pareja.
Carolina Pineda, esposa de Peralta, confió que la familia conoció que la judicial fue presionada supuestamente por autoridades del Ejército para endurecer la pena. La mujer expresó su temor por la suerte que pueda correr el detenido, que no puede valerse por sí solo. También criticó Pineda que, las autoridades nunca le brindaron al detenido la atención médica requerida, pues únicamente lo llevaron en una ocasión a terapia, y en vista que el especialista no se encontraba, no volvieron a llevarlo.
El abogado defensor Santiago Duarte, alegó que no había elementos probatorios suficientes que indicaran que Peralta fue quien disparó el arma que mató a Treminio, ya que en las pruebas de balística que le realizaron en ambas manos, los peritos no encontraron rastros de pólvora.
Duarte también alegó que se había violentado la cadena de custodia de la prueba, cosa que aceptó el mismo representante del Ministerio Público, Luden Montenegro. E incluso dijo que había pedido una investigación del caso, ya que el pasado lunes cuando habían iniciado la audiencia, el perito que había examinado las pruebas desconoció las bolsas que le presentaron con las evidencias. Por este motivo, la judicial suspendió la audiencia que se reanudó el jueves con la presencia del mismo perito a quien le presentaron otras bolsas que supuestamente contenían pruebas.
Pineda consideró que hay delitos que le imputan a su esposo que son falsos, como robo y crimen organizado, pues Peralta apenas tenía 16 días de haberse integrado a los grupos armados.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,7 A
