Moisés Martínez
Empleados de la Dirección General de Ingresos (DGI) se han puesto en contacto con LA PRENSA para denunciar supuestas represalias laborales por parte de las autoridades de esta cartera del Estado, quienes buscan frenar las publicaciones referidas a los altos salarios que devengan sus principales funcionarios.
El decreto 97-2007, emitido por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, establece que el salario más alto es el del Presidente y lo establece en 3,200 dólares. Pero en la DGIel director gana casi 4,000 dólares.
“Se violenta el artículo 82 de la Constitución Política referido a la estabilidad laboral y además se violenta la Ley de Acceso a la Información porque informaciones como la nómina o planilla deberían de estar de oficio disponibles para el público. No se puede sancionar a un funcionario por hacer pública esa información”, señaló.
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Los informantes, que pidieron el anonimato debido a que según ellos revelar sus nombres significaría su despido inmediato, aseguraron que se han dado al menos dos despidos de empleados de las departamentos que tienen acceso a la nómina de la institución, entre estos un jefe de planilla, además del traslado de otros empleados a oficinas de rentas ubicadas en otros departamentos.
La DGI nuevamente evadió una consulta de LA PRENSA sobre este tema, como ha sido una constante durante las últimas dos semanas, incluso desde antes que iniciaran las publicaciones sobre los salarios del director y subdirector de esta entidad.
“La idea es encontrar al informante o impedir nuevas filtraciones. Andan rumores que al director (Martín Gustavo Rivas Ruiz) le han halado la chaqueta por eso, no se sabe, pero que él anda molesto e inquieto por eso y por eso han presionado a empleados sospechosos para que renuncien o simplemente los trasladan a la fuerza a otras oficinas. Es un clima bien tenso el que se vive acá”, dijo uno los empleados.
No sería esta la primera vez que Rivas Ruiz actuaría de esta manera.
Lo mismo sucedió en junio de este año, cuando una investigación de LA PRENSA descubrió que en la DGI a los empleados (incluyendo sus principales autoridades) se les quitaba un tres por ciento del salario, bajo el rubro de “Varias”, para destinarlos al financiamiento de actividades políticas o proselitismo a favor del gobernante Frente Sandinista.
Eso provocó una “cacería de brujas” a lo interno de la DGI que finalmente ocasionó que la cabeza de algunos empleados “rodaran” al ser tildados como sospechosos por conocerse que tenían alguna tendencia política distinta o en algún momento habían protestado por ser forzados a participar en mítines a favor del gobierno.
La bancada opositora en la Asamblea Nacional dijo que intentarán interpelar a los funcionarios de la DGI para que expliquen por qué sus salarios violan el decreto presidencial.
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