Moisés Martínez
Los militares que se han negado a informar sobre los costos del arrendamiento de un helicóptero del Ejército de Nicaragua para transportar a un equipo de especialistas de la firma HKND, propiedad del concesionario del Canal Interoceánico, Wang Jing, deberían ser sancionados, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Guillermo Medrano, uno de los coordinadores en la formulación de la Ley de Acceso a la Información Pública, explicó que la información sobre los costos por el uso de la aeronave no está cubierta por los artículos referidos a aquella información del Ejército que, por asuntos de seguridad, no puede hacerse pública.
“Aquí estamos hablando de la prestación de un servicio a una empresa privada. En primer lugar, eso de que el Ejército esté en esas funciones de prestatarios de servicios a una empresa privada está medio complicado. Esto es distinto a cuando disponés las aeronaves para labores humanitarias o de rescate, pero este no es el caso”, refirió Medrano.
LA PRENSA reportó ayer la negativa del Ejército Nacional a responder una consulta vía Ley de Acceso a la Información solicitando conocer los costos de este viaje y si estos fueron asumidos por la empresa HKND.
“La confusión Estado-Partido-Empresa Privada y la falta de transparencia ya como una política generalizada es la que ocasiona que no sepamos hasta qué punto el Ejército está siendo pagado por un grupo de privados. La impresión que tengo es que el Ejército tiene un ámbito para transacciones privadas por medio de sus empresas y el Instituto de Previsión Social y Militar y además es una institución pública, pero nada de eso está definido”, expresó.
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“No se le está preguntando nada que violente aquella información del Ejército que por su particularidad deba de ser reservada. No se está pidiendo ni la cantidad de armas ni detalles sobre ejercicios militares ni nada que ponga en riesgo la soberanía o la seguridad de Nicaragua al divulgar una operación del organismo de defensa de Nicaragua. Es una consulta meramente administrativa”, puntualizó el experto.
A diferencias de otras instituciones del Estado, el Ejército por sus particularidades tiene contemplado en la misma Ley de Acceso a la Información prerrogativas para mantener cierta información bajo reserva. Sin embargo, la consulta hecha por LA PRENSA no incumplía ninguna de estas prerrogativas establecidas por la ley.
LA PRENSA interpuso desde el pasado 17 de septiembre la consulta al Ejército de Nicaragua en las oficinas del coronel Orlando Palacios, en su carácter de jefe del Departamento de Relaciones Públicas de las fuerzas armadas.
Ese día se nos dijo que el coronel Palacios no se encontraba en su oficina, pero que nuestra solicitud sería recibida por su asistente, Fabiola Torres. Ella rubricó el documento de solicitud a las 10:30 a.m. de ese día.
“El Ejército estaba obligado a entregar la información. Están prestando un servicio a una compañía privada internacional, ni siquiera es nacional. No es un apoyo a un entidad estatal, como cuando trasladan el material electoral a regiones bastantes alejadas del país”.
¿Y LAS SANCIONES?
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información contempla sanciones de seis meses a un año de salario a aquel funcionario que deniegue sin causa justa una consulta a con base en la Ley de Acceso a la Información.
“Ahí le toca al Ejército como institución si decide aplicar las famosas sanciones que establece la ley, que nunca se cumplen”, añadió Medrano.
A mediados de agosto pasado, un grupo de especialistas de HKND, dirigidos por el australiano Bill Wild, principal asesor de esta empresa, sobrevoló diversos puntos del país para explorar posibles rutas para el Canal Interoceánico.
Wild se habría hecho acompañar de expertos de las firmas McLarty & Associates, Environmental Resources Management (ERM), la Belga SBE y MEC Mining.
A su regreso a Managua, Wild fue recibido y luego escoltado por Laureano Ortega, hijo del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Laureano Ortega ha estado a cargo de las relaciones entre el Gobierno y Wang Jing, al punto que en estos momentos encabeza una delegación de 25 personas que están visitando al empresario en su país.
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