Adolfo Acevedo Vogl (*)
Las recién publicadas perspectivas presupuestarias de mediano plazo para 2014-2017, que el Gobierno incorpora como Anexo del Proyecto de Presupuesto para 2014, no pueden ser calificadas sino como alarmantes, en particular si recordamos que en 2017 apenas restarán unos 18 años para que el país arribe a la fase avanzada de envejecimiento poblacional.
Aprovechar de la mejor manera el bono demográfico implicaría invertir en la medida necesaria para lograr que todos los niños y adolescentes de ambos sexos logren alcanzar los umbrales de escolaridad indispensables, con los niveles de calidad y pertinencia requeridos. Significará también invertir para expandir de manera considerable el acceso a los servicios de salud y nutrición, agua potable y el saneamiento, y a la infraestructura básica en general, con particular énfasis en las zonas rurales.
En lo que respecta a la inversión necesaria para asegurar el derecho a la salud, deben tenerse en consideración las exigencias del proceso de transición epidemiológica, las cuales significan que, si bien habrá que seguir ocupándose de temas relacionados con las enfermedades transmisibles, el país debe prepararse para un aumento de las enfermedades de tipo crónico-degenerativo.
Esto incluye también la necesidad de crear las condiciones que permitan proporcionar a los adultos mayores —que comenzarán a representar un porcentaje cada vez más elevado de la población— la posibilidad de una vejez con niveles básicos de protección. En particular, los bajos niveles de cobertura del seguro social conllevan la necesidad de plantearse esquemas de protección social no contributivos.
Esto significará también promover la transformación, modernización, intensificación y diversificación del aparato productivo del país, junto a la construcción de crecientes eslabonamientos intersectoriales, de manera que la economía sea capaz de generar empleos de cada vez mayor productividad y mejor remunerados que demandarán, a su vez, niveles de calificación cada vez más altos.
Ello implicará restablecer las necesarias instituciones de fomento financieras, técnicas, de marketing y comercialización, así como llevar a cabo la inversión en infraestructura física y en los servicios de apoyo requeridos. El esfuerzo de desarrollo que habrá que realizar implicará considerable inversión en infraestructura. En particular, Nicaragua adolece de un importante rezago en la red vial y en el porcentaje de la misma que se encuentra pavimentada. Rezago particularmente agudo en zonas rurales.
La disminución de la Inversión Pública como proporción del PIB se ha producido pese al importante incremento en la recaudación de ingresos fiscales. Un factor fundamental detrás de dicha reducción lo ha constituido la disminución de los flujos de Cooperación Externa al Sector Público como porcentaje del PIB.
Pero el grado en que se ha reducido la inversión pública como fracción del PIB también denota que esta ha representado la variable fundamental de ajuste, en el marco de la política de “consolidación fiscal”.
Ahora bien, las proyecciones presupuestarias hasta 2017 indican que el Presupuesto del Mined apenas se mantendrá en alrededor del 3 por ciento del PIB —cifras que no pueden sino catalogarse como míseras para un país con un rezago educativo como el nuestro—, y que las asignaciones destinadas al Ministerio de Transporte e Infraestructura se mantendrán en un pobrísimo 1.3 por ciento del PIB, también mísero para un país con necesidades tan enormes de inversión en infraestructura vial.
De acuerdo a estas proyecciones, la principal prioridad la continuará representando el pago del Servicio de la Deuda Pública, principalmente de Interna, de manera que mientras entre 2013 y 2017 la inversión directa real en infraestructura ascenderá a un promedio anual de apenas 343.8 millones de dólares, el pago del servicio de la deuda se elevará a un promedio anual de 435.4 millones.
Por otra parte, un funcionario público hace poco afirmaba que la concesión del canal no significará abandonar a los productores agropecuarios, porque el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa aseguraría que contasen con los recursos financieros y tecnológicos necesarios para desarrollarse. Pero las perspectivas presupuestarias de este Ministerio indican que apenas tendrá una asignación presupuestaria de apenas un 0.3 por ciento del PIB.
Cuando advertimos, desde hace más de un quinquenio, que se debía hacer un esfuerzo de desarrollo de gran envergadura para aprovechar plenamente el bono demográfico, en aras de poder arribar a la fase de envejecimiento de la población en mejores condiciones, se nos dijo que todavía había tiempo por delante.
Hoy, muchos años después, se nos presentan las perspectivas presupuestarias para 2017, y lo que encontramos, a estas alturas, es que el esfuerzo de inversión pública que se requiere está muy lejos siquiera de haber iniciado, y peor aún, tampoco se prevé que inicie.
(*) Economista
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