
Elízabeth Romero
El fenómeno de gente armada en las montañas de Nicaragua, en protesta política y social contra el gobierno que encabeza el presidente inconstitucional Daniel Ortega, estaría incubando en las poblaciones rurales un sentimiento de rabia y temor por las reacciones que pueda ejecutar la Policía Nacional y el Ejército en contra de los sospechosos.
Así lo advierte el presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), y obispo de Estelí, monseñor Abelardo Mata, quien asegura haber recorrido poblaciones rurales para escuchar las quejas y temores del campesinado.
“Otro temor terrible como pastor es de que si aquí se mezcla el trasiego de armas con drogas, será una descomposición total”, dijo, tras conocer por denuncias de supuestos armados y campesinos que en las zonas rurales cercanas a Honduras circulan naves sospechosas de trasegar armas y drogas.
Según Mata, en la zona rural se habla de buzones de armas, de presencia de narcos y alzados.
[/doap_box][doap_box title=»La “Guerra” aparece en Facebook» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
[/doap_box]
“¡Ay! esto es un desastre, se va a ir descomponiendo cada vez más. Hay mucha rabia en el campesinado, mucha impotencia y algunos ven como la única salida, reivindicar a sus derechos a través de las armas, no es de dos o tres que se habla, es cantidad de personas que no comulgan (con el Gobierno), aún los que trabajan con el Gobierno, como uno de ellos decía también que los CPC (Consejos del Poder Ciudadano) colaboran”, dijo Mata.
Según el religioso, las expresiones de inconformidad no nacen solo de familiares y excombatientes de la antigua Contra, que combatieron a los sandinistas en la guerra de los ochenta, sino también dentro de las bases del partido de gobierno (FSLN), que “no están de acuerdo con el manejo de la cosa pública”.
Mata agrega que su misión como defensor de los derechos humanos es promover el diálogo y elevar las voces de los campesinos a la opinión pública y así evitar represalias y represión al pueblo que no está de acuerdo con el Gobierno.
VIOLENCIA EXTREMA
“Kilosierra”, alias de un excontra, hoy autodeclarado “alzado”, aseguró a monseñor Mata que retomó las armas desde hace un año “debido a la persecución y violencia extrema que sufren muchas familias campesinas, cuyos parientes han sido asesinados por el hecho de ser opositores, sin que ninguna autoridad se interese por investigar esos crímenes”.
El hombre dice que ha empezado a documentar su denuncia y asegura que al menos en el entorno donde él se moviliza ha registrado unas veinte muertes en los dos últimos años, “pero el número es mayor”, afirma.
Según la denuncia a Mata, los llamados CPC funcionan como seguridad del Estado e informantes de policías y militares “y de repente aparecen muertos nuestros compañeros y no se puede justificar de otra forma que fue por el enemigo”.
“Kilosierra” mencionó varios casos de muertes por razones políticas en el campo: uno de ellos fue el excontra “Marino”, Miguel Ángel Zelaya Talavera, de Sala Dios, Ayapal, Jinotega.
Igual registran como muertos a Moisés Manzanares, de Cantayaguas, ex Resistencia Nicaragüense y Policía Voluntario. A él primero lo llamaron a una reunión en Ayapal, y según “Kilosierra”, gente del Frente le preguntó: “¿Estás disponible para ir a combatir a esos delincuentes que andan ahí armados? Se negó. Posteriormente apareció muerto.
Según la denuncia, igual pasó con el productor Julio Ochoa y a sus dos hijos, uno de 16 y otro de 14, también en Torno, Ayapal, en 2011.Al listado suman a otro que solo se sabe que lo mataron el año pasado y era un excontra con alias “El Cangrejo”, de Plan de Grama, municipio de Wiwilí, Jinotega.
La denuncia a Mata detalla la muerte de otro ciudadano que no identificó, quien por vender un cerdo al “comandante Alexis”, en enero pasado, fue presionado por la Policía.
“Él dijo no eran ladrones y solo le pidieron que vendiera el cerdo, a los poquitos días apareció muerto, nadie lo mató”, dijo “Kilosierra”, quien detalló que hay persecución en Wiwilí, Bocay y Waslala.
A la lista agregaron la muerte de Alan Rugama, del Caño de la Cruz, municipio de El Cuá, también asesinado por sospechas de colaborar con un grupo de alzados.
En su caso, “Kilosierra” dice que él colaboraba como Policía Voluntario y después se apartó por estar en contra de servir como militante del FSLN y “y me acusaron de traidor, que no iba a llegar vivo al 4 de noviembre (2012) día de las elecciones municipales, así que no les di ese gusto, me fui antes de las elecciones”, denunció.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A