CEDH fallará hoy

La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) hoy dará a conocer su fallo sobre la aplicación de la doctrina Parot a una integrante detenida de ETA, Inés del Río Prada, un veredicto que podría obligar a España a liberar a decenas de presos, muchos por terrorismo.

FRANCIA/ AFP

La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) hoy dará a conocer su fallo sobre la aplicación de la doctrina Parot a una integrante detenida de ETA, Inés del Río Prada, un veredicto que podría obligar a España a liberar a decenas de presos, muchos por terrorismo.

Esta sentencia se dará a conocer un día después del segundo aniversario del alto el fuego de la banda armada ETA, responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra.

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  • 3,000 años de cárcel fue la suma total de las condenas por los delitos de Del Río , pero que en la práctica quedaron reducidos a treinta años, el máximo de cumplimiento efectivo, según la legislación española entonces en vigor.

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La CEDH ya dictaminó en 2012 que la detención prolongada de Del Río, condenada por terrorismo, era irregular, pero el tribunal aceptó estudiar el caso de nuevo y su Gran Sala emitirá un nuevo fallo definitivo.

En su primera decisión de julio de 2012, los jueces de Estrasburgo, Francias, consideraron que la militante vasca era víctima de la aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de una nueva interpretación jurídica del cálculo de las redenciones de condena, conocida como doctrina Parot.

La “doctrina Parot” establece que las redenciones de condena se apliquen sobre cada una de las penas que pesan sobre la persona detenida y no sobre los treinta años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previsto por la ley. Esta interpretación prolonga el tiempo de estancia en prisión en caso de múltiples condenas.

Del Río, de 55 años y encarcelada desde 1989, fue condenada a diferentes penas por su participación en diversos atentados. El total de las condenas sumaba más de 3,000 años de cárcel que en la práctica quedaron reducidos a treinta años, el máximo de cumplimiento efectivo, según la legislación española entonces en vigor.

En su veredicto de 2012, la CEDH concluyó que España viola la Convención Europea de Derechos Humanos y pidió la puesta en libertad de Del Río.

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