Aquel acto sencillo de subirse a un bus pagando 2.50 córdobas de pasaje se convirtió, de la noche a la mañana, en una cotidiana tragedia social.
Desde el 19 de agosto se perdió la seguridad de los ciudadanos que viajan en bus de llegar puntual, o seguro, a sus destinos cotidianos, con la imposición de las autoridades municipales del transporte, que obliga a la ciudadanía usar una tarjeta electrónica para pagar el pasaje, en un negocio jugoso que beneficia a MPeso, una inexperta empresa que obtuvo la concesión para administrar el pasaje público.
15 años estará MPeso administrando el pago del pasaje capitalino. A finales del 2012 los transportistas firmaron el contrato con la empresa, documento que se mantiene confidencial.
16 centavos obtiene MPeso por cada pasaje que se registra de forma electrónica. La inversión de la empresa es de siete millones de dólares.
0.50 centavos de córdobas perdía a menudo antes la gente cuando pagaba su pasaje de 2.50 córdobas con 3 córdobas. Ahora se reportan pérdidas de recargas desde 10 hasta 100 córdobas.
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Para el sociólogo Cirilo Otero este cambio en la forma de pagar el pasaje debería ser fácil y beneficioso para los usuarios del transporte capitalino, pero al contrario, ha hecho engorroso que alguien se monte a un bus por la odisea que se debe pasar para conseguir la tarjeta, luego para recargarla y por último que funcione en el validador.
“Los usuarios no se benefician de ninguna manera con la tarjeta. El servicio del transporte sigue siendo malo, el trato a los usuarios por los buseros sigue igual o peor, la inseguridad de viajar empeoró y no hay quién apoye al pueblo, sino a la empresa privada”.
Aparte de causar inconformidad social y afectar el tiempo y la economía de las personas, la imposición sobre el uso de las tarjetas, a criterio del sociólogo, evidenció otros males: puso en evidencia la sospechosa protección del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua a MPeso y han salpicado al Gobierno central como aliado o socio incondicional de MPeso.
“El Irtramma en lugar de servirle a la población está de acuerdo con los empresarios y están promoviendo una empresa que no es del Estado aparentemente, ni es del Gobierno aparentemente y pertenece a un sector privado según ellos han dicho”, criticó el sociólogo.
Expertos en transparencia han señalado que antes de imponer el pago electrónico del pasaje, el Irtramma debió consultar con los usuarios y luego realizar la debida licitación para adjudicar la responsabilidad de cobrar el pasaje.
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