Con frecuencia se dice que con la elección en la Asamblea Nacional de los altos cargos estatales vencidos, que están siendo ejercidos por funcionarios de facto, se restablecería de inmediato la institucionalidad en Nicaragua.
La institucionalidad es un concepto político y jurídico que según la interpretación que se le quiera dar, puede ser preciso o esquivo. Puede referirse a algo que simplemente tiene formalidad legal, o se puede entender como un atributo básico de la república democrática en el marco de un estado de derecho, cual es su sentido correcto.
En realidad, la institucionalidad, para ser auténtica y legítima tiene que fundarse en un Estado en el cual el pueblo ejerce su plena soberanía ante todo participando en elecciones justas y limpias, sin marañas ni fraudes de por medio. Un Estado en el que el sistema político-administrativo se configura en la división e independencia de poderes, y nadie, mucho menos el gobernante, está por encima de la Constitución y las leyes sino que todos se subordinan rigurosamente a ellas.
La institucionalidad no se perdió en Nicaragua cuando se vencieron los mandatos de los magistrados, contralores, procuradores y otros cargos estatales, que por precepto de la Constitución deben ser elegidos por la Asamblea Nacional por períodos determinados. Y tampoco se perdió cuando Daniel Ortega — quien por cierto es un presidente inconstitucional porque impuso su reelección presidencial a pesar de la prohibición expresa de la Constitución— se arrogó la atribución de mantener en los cargos a los funcionarios con períodos vencidos.
La institucionalidad del sistema de gobierno de Nicaragua se perdió cuando Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, al frente de sus partidos PLC y FSLN, pactaron y luego constitucionalizaron el pacto para pervertir las instituciones y repartirse el poder. De manera que para recuperar la institucionalidad hay que anular el oprobioso pacto Ortega-Alemán y erradicarlo de la Constitución.
Según informaron los directivos de la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (Amcham) que se reunieron con Daniel Ortega el 28 de septiembre pasado, el presidente inconstitucional les prometió que los cargos vencidos serán elegidos o nombrados en el último trimestre de este año, o más tardar en el primer trimestre del próximo. Los empresarios tenían que haberle dicho a Ortega que no le corresponde a él elegir a esos funcionarios, sino que es atribución de la Asamblea Nacional. Pero quizás los directivos de Amcham no se acordaron en ese momento de ese “detalle” fundamental, lo cual es comprensible pues debe ser muy incómodo para personas democráticas auténticas reunirse y hablar con un autócrata voluntarioso como Daniel Ortega.
En todo caso, de nada sirve y sería una farsa política limitarse a elegir esos cargos sin restablecer previamente la independencia de poderes y la vigencia del Estado de Derecho. En las condiciones imperantes, de que las instituciones del Estado y quienes ejercen los cargos estatales superiores están subordinados servilmente a Daniel Ortega, lo mismo da que los funcionarios elegidos sigan siendo Roberto o Rafael, Guillermo u Omar, o Perico de los Palotes. Y también da lo mismo si se elige a otras personas que no sean probas ni independientes, sino de la misma condición que los actuales funcionarios de facto.
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