Vladimir Vásquez
Solo quedan 64 días para que las personas que consumen energía eléctrica ilegalmente, se acerquen a la distribuidora de energía TSK-Melfosur Internacional a solicitar una normalización de su situación.
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La campaña que lanzó esta semana la distribuidora para dar a conocer sobre la “amnistía” que ofrece la ley, llegó 120 días después de que fuera aprobado un paquete de reformas energéticas en la Asamblea Nacional, donde se facultaba un periodo de 180 días para que las personas pudieran legalizarse.
Jorge Katín, gerente de Comunicaciones de TSK-Melfosur, dijo a 100% Noticias que ya han llegado personas a solicitar su legalización, pero no especificó cuántas solicitudes han recibido.
Katín explicó que estarán distribuyendo brochures en las diferentes sucursales de la distribuidora para dar a conocer la campaña a la población en general.
“La distribuidora va a aplicar la Ley, no tiene de otra alternativa, la Ley fue aprobada en la Asamblea Nacional y se tiene que cumplir.” dijo Katín.
A partir del 16 de diciembre, Katín dijo que se incrementarán las actividades para detectar fraudes energéticos en asentamientos y zonas residenciales, donde también registran sustracción ilegal de energía.
Luego de esa fecha las personas que sean detectadas cometiendo fraude serán acusadas en la Policía Nacional y podrían ser llevadas a la cárcel hasta por tres años, según la reformas a la Ley de Estabilidad Energética aprobadas este año.
Katín también aclaró que la instalación de medidores, líneas de distribución eléctrica y postes, podrán realizarse después del 16 de diciembre, pues la Ley no establece esa fecha como límite para esos trabajos, únicamente para que la población realice su solicitud.
A partir de esa fecha podría tomar todo el año 2014 y parte de 2015 para que la distribuidora pueda legalizar a todas las personas que realizaron su solicitud y recibieron un recibo de parte de TSK-Melfosur.
Katín destacó que la empresa actualmente tiene más de 900,000 clientes legales y que la cantidad de ilegales podría fácilmente llegar a más de 150,000 en el país, lo que genera pérdidas millonarias.
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