Presidente Nicolás Maduro “está siguiendo el camino iniciado por Hugo Chávez, para configurar un sistema totalitario”, según presidente de la SIP. LA PRENSA/ ARCHIVO

Centro de censura oficial

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudia la decisión del Gobierno de Venezuela de crear un nuevo organismo estatal, que según denuncia, tiene el objetivo de censurar cualquier tipo de información aduciendo razones de seguridad nacional.

AFP

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Desde el CESPPA, el Gobierno venezolano podrá “prever y neutralizar potenciales amenazas a sus intereses vitales” y “podrá declarar el carácter de reserva, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información”.

“Maduro está siguiendo el camino iniciado por Hugo Chávez, para configurar un sistema totalitario en materia informativa, como han hecho las dictaduras a lo largo del tiempo”, agregó Paolillo.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudia la decisión del Gobierno de Venezuela de crear un nuevo organismo estatal, que según denuncia, tiene el objetivo de censurar cualquier tipo de información aduciendo razones de seguridad nacional.

El nuevo organismo, Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), entró en vigencia después de publicarse el 7 de octubre en la Gaceta Oficial.

Para la SIP la creación del CESPPA significa además un paso más en “la configuración de un sistema totalitario en materia informativa”, apuntó la organización patronal de medios con sede en Miami.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que “estamos ante un caso de arrogancia sin fin, en el que el Gobierno de Venezuela se arroga el poder de establecer qué se puede informar, criticar u opinar, sosteniendo en su mano un ente creado por él mismo, con el que puede controlar, censurar y castigar a su antojo, algo así como ser presidente, legislador y juez al mismo tiempo”.

De acuerdo con la SIP, el centro está adscrito a la Presidencia de Venezuela y otorga el derecho al presidente Nicolás Maduro de requerir toda información de “actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas”.

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