Roberto Mora
La magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, Maribel Mena, confirmó que no han visto al alcaide Manuel Muñoz quien debía presentar una minuta de pago como comprobante de que cumplió con la multa del 25 por ciento de su salario por desacatar órdenes judiciales.
Hasta el momento le han impuesto al alcaide Muñoz, director del Sistema Penitenciario Puertas de la Esperanza, cinco multas por mantener bajo detención ilegal a igual número de privados de libertad que ya debieron salir por orden judicial.
“Somos nosotros los que tenemos que verificar (que la sanción se cumpla), porque una vez que se dicta (la sentencia) el alcaide tendría que venir aquí para darle cumplimiento a esa y presentar una minuta de depósito una vez que se dicta la resolución”, dijo.
Al preguntarle si el desacato de los funcionarios es un mal ejemplo, la magistrada Mena respondió que sí “porque no abona al estado de derecho por el cual propugnamos todos los ciudadanos de Nicaragua” aunque inmediatamente justificó la acción por la alta tasa delictiva relacionada con el narcotráfico y trajo a colación lo sucedido en Chinandega cuando fueron falsificadas firmas de jueces para dejar en libertad a narcotraficantes.
El coordinador Nacional de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, calificó de negligente al poder judicial por no hacer cumplir sus sentencias que se supone son de ineludible cumplimiento.
Dijo que el poder judicial “aplica sanciones que no se cumplen y no las hacen cumplir porque son parte del mismo Estado y mientras tanto al ciudadano se le violentan derechos consignados en todos los tratados internacionales como es el derecho a la libertad”.
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