México/EFE
América Latina aprendió a juzgar a exdictadores involucrados en abusos graves a derechos humanos, algo que ha puesto a la región en «un cauce distinto» al que tenía hace apenas dos décadas, dijo este miércoles a Efe el presidente de la CorteIDH, Diego García-Sayán.
«Final feliz? No, porque todas estas cosas son parte de procesos complejos en donde lo que tenemos que ir construyendo es un paquete de respuestas» que nos conduzcan a que haya en cada caso verdad, justicia y reparaciones, agregó en entrevista el jurista peruano.
De visita en México para encabezar esta semana el XLVIII período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), García-Sayán explicó que la región está avanzando con claridad en materia de derechos fundamentales.
«Yo creo que esta situación lleva a que hoy día un exdictador, al margen de cuáles puedan ser las cualidades o defectos de un proceso determinado, sí es investigado y va a los tribunales», indicó.
Las «estadísticas sobre desapariciones forzadas, torturas» y «ejecuciones extrajudiciales» muestran progresos claros, como si hubiéramos pasado «de la noche al día» en poco tiempo, apuntó.
«Frente a lo que ocurría hace quince o veinte años no hay un solo conflicto armado no internacional, salvo la excepción de Colombia, que está encaminado, esperemos que con un final feliz que se logre en los próximos meses», señaló el jurista.
Además, en materia de justicia parece que las leyes de amnistía que en el pasado prevalecieron en muchos países dejaron ya de ser incontestables, lo que permitió sentar en el banquillo a exjefes de Estado.
«En el Perú hay un expresidente (Alberto Fujimori) condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad como derivación directa de todo eso», recordó García-Sayán.
«Hay países en donde hay decenas de procesos en marcha, incluso en donde la amnistía formalmente parecería estar todavía viva, pero que en la práctica ha sido puesta de lado, como ocurre con más de trescientas investigaciones que están produciéndose en Chile», añadió.
Prudente, el presidente de la CorteIDH evitó hablar del caso del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, condenado en su país el pasado 10 de mayo a 80 años de cárcel por un genocidio que les costó la vida a 1,771 indígenas ixiles.
Sin embargo, citó otros casos representativos de su tesis como los relacionados con la masacre de El Mozote en El Salvador, ocurrida en 1981.
En ese país la ley de amnistía «fue expulsada del orden jurídico por una sentencia de la CorteIDH que se dictó el año pasado», lo que propició el avance en las «investigaciones a través del Ministerio Público en un caso (…) que permaneció ahí durante más de dos décadas».
«Yo me felicito de las sentencias que la CorteIDH va dictando desde el año 2001 con la precisión de excluir las amnistías y las autoamnistías de las graves violaciones de derechos humanos», aseguró.
García-Sayán reconoce que hay respuestas en cada país de distinto signo, algunas «con un final determinado y concreto», otras con fallos «no tan claros», en ocasiones «inciertos», pero con todo y particularidades la situación «nos pone en un cauce distinto».
«No magnifiquemos una cosa, pensemos también que hay todavía una serie de retos por parte de los Estados democráticos», agregó.
Entre los desafíos que perviven citó el avance de distintas variantes del crimen organizado, capaces de poner «espacios territoriales o institucionales fuera del control del Estado en varios países de la región».
«Todo eso, no solamente per se, es una causa de violencia e inseguridad y tensión, sino que genera una permanente tentación en la sociedad en su conjunto de utilizar rutas de corte de caminos que a veces pueden apartarse del Estado de Derecho y de la democracia», apuntó.
Otro asunto delicado es la falta de capacidad del Estado para hacer frente a «las nuevas demandas» asociadas con la superación en ocasiones de situaciones de desigualdad social y de pobreza, «como lo hemos visto muy vivamente en las reclamaciones públicas en las calles de Brasil».
Un desafío más es, según García-Sayán, que los jueces de los distintos países interioricen su papel como actores de la democracia que se construye en América Latina, no solo en los «magistrados de las altas cortes», sino en las instancias más próximas a los ciudadanos.
