Alina Lorío L.
El Ejército de Nicaragua, en coordinación con la PGR y el Marena, paralizó toda actividad de aprovechamiento de los bosques de pino dentro del área protegida de la cordillera Dipilto-Jalapa, que se encuentra en los 15 kilómetros de la frontera hacia el interior del país.
Dueños de bosques y representantes de empresas madereras “exigen al Ejército de Nicaragua respete el mandato presidencial decreto 031-2013 (suspensión de la Ley de Veda Forestal), resolución ministerial 015-2008 y nuestro derecho al trabajo, para que a lo inmediato nos permitan continuar nuestras actividades de manejo forestal”.
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El coronel Alcides Omar Garmendia Cruz, jefe del Primer Comando Militar, informó que después de ocho denuncias de tala rasa a orillas de fuentes de agua, dentro del área protegida de la Cordillera Dipilto-Jalapa, ejecutaron un operativo de control de la actividad forestal.
El jefe militar detalló entre los resultados del operativo del 25 de septiembre, la detención de tres camiones cargados de madera en rollo, dos motosierras, 31,000 metros cúbicos de madera en rollo de la empresa Madessa y 924 metros cúbicos de madera en rollo de la empresa Fasesa que, para su devolución o decomiso, pasarán por un proceso de investigación para verificar su estado legal, al igual que serán revisados todos los planes de manejo o planes de saneamiento autorizados.
Recalcó que el marco jurídico legal “le permite al Ejército de Nicaragua actuar en estas áreas”, y en ese sentido recurrió, entre otras, a La Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, en su artículo 22, Capítulo V, aprobada el 13 de diciembre del 2010, y el artículo 18 de la Ley de Reformas y adiciones de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada el 03 de abril del 2008.
Señaló que la suspensión de la Veda Forestal, por decreto presidencial, deberá ser aplicada en cualquier parte del territorio nacional, con excepción de las áreas contempladas en los 15 kilómetros de territorio fronterizo.
Alrededor de los planes de manejo o planes de saneamiento ya autorizados por el Marena, Holman Matamoros Artola, procurador Departamental en Nueva Segovia, hizo un llamado de “paciencia” a los afectados porque a la brevedad empezarán un proceso de revisión a fondo. “No somos nosotros, la Procuraduría y el Ejército, los que hemos frenado las actividades forestales, sino el mismo marco legal que todos estamos obligados a cumplir”, refirió.
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