Elízabeth Romero
La deuda pública por sentencias judiciales y pago de prestaciones sociales no canceladas a empleados públicos y trabajadores municipales despedidos de forma arbitraria durante más de 5 años, asciende a 720,056,000 córdobas.
Además, indica el informe, se ha amenazado con despidos a los trabajadores si se afilian a organizaciones sindicales que están asociadas a esa federación. Menciona el caso del Sindicato de Empleados de Ministerio de Transporte e Infraestructura “Andrés Castro”, por ejemplo.
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Un informe de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep) indica que de enero de 2007 al 28 de abril de 2013, se han despedido de forma ilegal a 26,691 trabajadores públicos y municipales.
De acuerdo con el informe, parte de los despidos han sido “por represalia, discriminación por su ideología política y sindical, por incumplimiento a la negociación colectiva para garantizar mejores beneficios sociales y se respeten sus derechos sociales”.
De esta manera se violenta la Ley 502, Ley de Servicio y Carrera Municipal, y su Reglamento y la Ley 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y su Reglamento.
Según el informe elaborado por el doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de la Fedetrasep, esta situación ha traído como resultado un deterioro y retroceso en la calidad de la función pública al igual que una inestabilidad laboral.
Durante este periodo los empleados que laboran en instituciones estatales, sujetas orgánicamente al poder ejecutivo, poder judicial, poder electoral, poder legislativo, entes autónomos y gubernamentales, entre otros, han enfrentado un desmedido y comprobado abuso de autoridad promovido por la corrupción y falta de transparencia, según la Fedetrasep.
DESDE REPRESALIAS HASTA CONTRATACIONES ILEGALES
Esto provoca, según la organización, que los empleados sean víctimas de represalias, discriminación, despidos ilegales, suspensiones de forma ilegal, traslados de trabajadores de un área a otra de forma arbitraria.
En otros casos se realizan contrataciones ilegales con megasalarios a personal afín a línea ideológica del partido de gobierno y por contar con el aval político partidario, promociones a cargos superiores de forma ilegal y uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política.
Igualmente, 2,275 dirigentes sindicales han sido despedidos de forma ilegal.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
