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Lucía Navas
La Contraloría General de la República de Nicaragua tiene dos años de no auditar el Presupuesto General de la República. Tampoco el Ministerio de Hacienda o la Oficina de Seguimiento al Gasto Público de la Asamblea Nacional exigen a los contralores cumplir con su trabajo, y menos esas instituciones facilitan informes que determinen si los impuestos de los ciudadanos son bien usados.
Esto evidencia la débil fiscalización sobre el gasto público en Nicaragua, según Dayra Valle, investigadora del Programa de Gobernanza del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp). “Ahí dice mucho sobre el papel de la Contraloría. Hay que fortalecer a los entes de fiscalización, en su independencia y dotarlos de recursos, porque si no hay fiscalización hay opacidad”, sostiene Valle.
ALTA DISCRECIONALIDAD
Esto último es parte de las recomendaciones del estudio “Fortalecimiento de la Transparencia en Centroamérica”, que evalúa a Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras en los aspectos de elaboración de los presupuestos públicos, institucionalidad y participación ciudadana, que presenta hoy la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia (LaRED). Ieepp expondrá a parte el caso de Nicaragua.
Mariano Rayo y Raquel Zelaya, miembros del equipo coordinador del estudio, destacan como hallazgo generalizado que casi el 25 por ciento de los presupuestos públicos a nivel de Gobierno central se manejan con discrecionalidad. El monto de recursos asciende a 7,310 millones de dólares del total de los fondos ejecutados en 2012, “gastado” mediante el mecanismo de compras directas de materiales y suministros. “El agravante de esto es la no rendición de cuentas y la justificación del funcionario es utilizar la discrecionalidad para ser oportuno en el gasto”, afirma Rayo.
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