César Úbeda Bravo
Para el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia Sacasa es insólito que un país que ocupó y distribuyó ilegalmente aguas nicaragüenses, venga a decir que es una provocación que el país recurra a medios civilizados para reclamar lo que es suyo.
“Es insólito que un Estado que durante 43 años ocupó las aguas de otro país ( Nicaragua), que concertó tratados con terceros repartiendo como propias aguas nicaragüenses, hable ahora de provocación”, reaccionó Herdocia Sacasa al ser consultado por LA PRENSA.
El experto sostuvo que en el fondo, el Presidente Santos pretende desconocer la soberanía de Nicaragua y sus derechos, iguales al de todos los Estados sin discriminación alguna, de utilizar los instrumentos internacionales para sustentar sus reivindicaciones legítimas.
“El victimario culpando a la víctima de sus propios desmanes ante la soberana protesta de Nicaragua reclamando lo que por derecho es suyo. Ya terminaron los tiempos en que los Estados creían tener el derecho de pretender avasallar a los demás por la fuerza. Hoy los Estados pequeños y débiles tenemos el escudo protector del Derecho internacional para hacer prevalecer nuestros derechos frente a la prepotencia de los que todavía creen en un mundo regido por la fuerza y no por la razón”, afirmó Herdocia Sacasa.
El presidente Juan Manuel Santos calificó hoy viernes de provocación la nueva demanda presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia que consideró que carece de fundamento y advirtió que por ahora no tiene previsto hablar con el presidente inconstitucional, Daniel Ortega.
Según Herdocia Sacasa, recurrir al Derecho Internacional y a la Justicia Internacional no puede ser nunca un acto de provocación ni una acción expansionista.
“Todo lo contrario. Es un acto de civilización suprema, por cuanto el Estado de Nicaragua acude a las instancias jurisdiccionales establecidas por la Comunidad Internacional para resolver las diferencias de forma pacífica y ordenada y alegar los derechos que como nación soberana le corresponden. Si el Presidente Santos tiene un opinión contraria, tiene todo el derecho de exponerla ante el tribunal, lo que no puede hacer es violentar el fallo que emane de esa alta autoridad”, puntualizó.
ACTO DE INAUDITA BARBARIE
Para el experto, pretender negarle a un Estado como Nicaragua el derecho de hacer uso de los medios dispuestos por el engranaje de las Naciones Unidas para que los Estados resuelvan sus diferencias o reclamen un derecho ( caso de la plataforma Continental más allá de las 200 millas náuticas) , “es un acto de inaudita barbarie”.
“Equivale a negar los derechos de un Estado firmemente establecidos en Tratados Internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, una verdadera constitución para los océanos y uno de los instrumentos más importantes jamás creados por la Comunidad de Naciones”, consideró.
PRETENDE EVADIR JUSTICIA INTERNACIONAL
El mandatario colombiano sostuvo hoy que, hasta tanto la Corte Constitucional de Colombia se pronuncie sobre tres demandas al llamado Pacto de Bogotá, no tiene en sus planes hablar con Ortega. «Hasta que la Corte no se pronuncie, no», indicó Santos.
Por el Pacto de Bogotá de 1948, la Corte de La Haya tiene competencia para dirimir los conflictos por tierras y aguas entre los países americanos que lo suscribieron.
Sobre este anuncio, Herdocia Sacasa manifestó que Colombia pretende evadir el fallo de la sentencia del 19 de noviembre del 2012.
“Pretender levantar un escudo de derecho interno para evadir la justicia internacional no es posible. Ninguna norma interna y ninguna sentencia de un tribunal nacional, puede hacer frente al poder supranacional de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que goza de total primacía y superioridad frente a cualquier alegato sustentado en maniobras locales o nacionales”, expresó.
Agregó que si un Estado pudiera anteponer su legislación interior a los dictados de la Comunidad internacional, no habría Orden Jurídico Internacional, pues simplemente bastaría con alegar una norma nacional para derogar un tratado internacional vigente o un fallo de una Corte como la CIJ, investida de las facultades jurisdiccionales y sustantivas para resolver con fuerza terminante e inapelable los conflictos o diferencias entre naciones.
“Lo contrario sería volver a un estado de naturaleza, donde cada Estado, amparado en su propia versión de los hechos, impondría al resto de la Comunidad Internacional su voluntad discrecional, unilateral y abusiva. Si eso fuera así, no tendría sentido alguno la existencia de un tribunal y el concepto de Comunidad internacional perdería todo sentido”, aseguró el experto.
ESFUERZOS POR RECONSTRUIR UN ORDEN ARBITRARIO YA FENECIDO
Finalmente señaló que Santos pretende inútilmente que una Corte nacional ampare su desacato al Derecho Internacional, olvidando la norma básica contenida en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados que establece que no se puede sustentar una norma interior, frente a un tratado, norma que ha sido reiterada en la jurisprudencia de todos los tribunales internacionales y escrita en la doctrina de todos los publicistas con fuerza irrevocable.
“Son esfuerzos por reconstruir un orden ya fenecido de fuerza, marcado por la imposición arbitraria y unilateral de un Estado sobre la base de su poderío militar”, concluyó Herdocia Sacasa.
