El Estado no resuelve

El diputado Javier Vallejos inicia la entrevista, argumentando que estamos bajo un sistema dictatorial, donde el ejecutivo gobierna a todos los poderes del Estado y todo lo que resuelve va encaminado a favorecer al presidente inconstitucional Daniel Ortega.

Lamenta que todo recurso legal que introduzca la principal fuerza de oposición del país, ya sea en cualquiera de las instancias del Estado, “será engavetado”, o “dormirá el sueño de los justos”. En caso de que resuelvan, las resoluciones serán absurdas, pero además alejadas totalmente de la verdad y de la legalidad.

“La beligerancia que hemos visto en algunas ocasiones y aún al margen de la ley, se realiza en cumplimiento de una orden del ejecutivo. ¿Qué es lo que nos queda a los que somos atropellados en nuestros derechos? Simplemente agotar todas las vías administrativas y así tener una secuencia de las violaciones a la Constitución, de los derechos humanos y de la retardación de justicia”, indicó Vallejos, quien es miembro de la comisión de municipios del PLI.

Lamentó que los recursos interpuestos por alcaldes y concejales del Partido Liberal Independiente (PLI) no son escuchados por las instituciones de Gobierno, ya que solo en el Consejo Supremo Electoral hay dos recursos de las elecciones municipales que aún no han sido resueltos.

Uno de los más emblemáticos es Rancho Grande donde se ha conformado dos concejos municipales. Vallejo dijo que el PLI es la bancada con mayoría, con diez concejales más dos del Partido Liberal Constitucionalista (12), seguido por el Frente Sandinista con 11 concejales.

El diputado relató que al darse quórum, se destituyó a la alcaldesa sandinista María Isabel González Amador.

Expresó que se conformó un nuevo Concejo, pero luego de manera ilegal el Frente Sandinista realizó otra sesión y declaró nula la realizada por el PLI-PLC.

“En el caso de Rancho Grande se está solicitando una certificación de la nueva secretaria del Concejo, Siria Flores. Además se pide el ascenso del vicealcalde a alcalde y la elección de la vicealcaldesa, tal como lo estipula la Ley 40, Ley de Municipios”, relató Vallejos.

Esta certificación se envió al Consejo Supremo Electoral (CSE), pero no hubo respuesta de parte de los magistrados de facto, por lo que en debido tiempo se cayó en silencio administrativo de parte del poder electoral.

“En este caso se agotó el diálogo y no se constituyó el Concejo Municipal, donde ambas bancadas argumentan su decisión basados en la Ley de Municipios y enviaron sus certificaciones al CSE”, relató Vallejos.

NUEVE MESES SIN JURAMENTACIÓN Y SIN SALARIO

Otro de los recursos es el introducido ante el CSE sobre la certificación que enviaron los concejales del municipio de Pantasma, donde la vicealcaldesa falleció y el Concejo Municipal eligió a la nueva funcionaria entre los ediles de esta comuna.

El alcalde de Pantasma, Oscar Gadea Tapia, relató que el deceso de la funcionaria Albertina Cayetana Dormus ocurrió el 28 de diciembre de 2012, por lo que la nueva vicealcaldesa lleva nueve meses sin ser juramentada.

Gadea comentó que la nueva vicealcaldesa, Liseth Hernández Alaniz, ha venido como cuatro veces a Managua, pero la última vez que llegó al CSE para su juramentación, los magistrados de facto le comunicaron que tenían una reunión de emergencia.

El alcalde Gadea informó que ellos han enviado nuevamente otra certificación ante el poder electoral y tampoco han dado respuesta, pero la vicealcaldesa lleva meses sin recibir salario por su gestión al frente de la comuna de Pantasma.

“A mi juicio, estos recursos son incuestionables, pero sobre todo son de obligatorio reaccionar, por lo que los magistrados de facto del poder electoral deben brindar una respuesta de parte de la institución a estos pobladores”, dijo el diputado Vallejos.

SIN PAGO DE DIETAS

Los concejales del Partido Liberal Independiente (PLI) en Mateare también han denunciado situaciones anómalas en la comuna, por lo que han pedido que se realicen auditorías por parte de la Contraloría y una revisión del presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Margarita Gutiérrez Mena es una de las concejales más activas y pide que se respete la Ley 40, Ley de Municipios, pues por oponerse a los actos ilegales, a ellos se les ha impedido recibir sus dietas.

Relató que en la última sesión ordinaria, el primer punto de agenda, a como ocurre en todas las sesiones, fue firmar el acta donde están los puntos que se abordaron en la sesión anterior.

Los concejales del PLI protestaron porque en el acta aparecía un punto que no se abordó y que tampoco había sido tratado por el Concejo en pleno ni por la alcaldesa sandinista Miriam Salinas, por lo que la bancada opositora se negó a firmar el documento.

“Como medida de presión, el administrador nos dijo que no iban a pagar nuestras dietas. En otras palabras, nos quieren presionar para que nosotros votemos a como ellos quieren, pero eso se contradice con la ley”, sostuvo la concejal Gutiérrez.

Asimismo denunció las arbitrariedades de la alcaldesa Salinas, que según ella se debe a que los concejales han venido cuestionando las irregularidades que presentan en sus informes de ejecución financiera y que este caso está actualmente en la Contraloría.

“Cabe señalar que existe un hermetismo con el presupuesto, lo que manejamos son informes financieros que nos dan para cada sesión, en estos es donde encontramos las irregularidades”, dijo la concejal.

Vallejos expresó que la Ley 40 y Ley de régimen presupuestario es clara, donde afirma que los concejales deben acudir a las sesiones y hacer su trabajo. Si el concejal hace su trabajo, se le debe pagar la dieta, la cual no debe ser con el beneplácito del alcalde de turno.

Indicó que los concejales deben solicitar ante la comuna que se les reconozca la dieta para agotar la vía administrativa, o si no recurrir ante la Contraloría, ya que están reteniendo un egreso que ya estaba plasmado en el presupuesto de la comuna, así como también al Ministerio de Hacienda.

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