Quienes hasta hace unos días manifestaban su rotunda oposición a la reforma de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), que busca incluir la mediación en delitos cuyas penas sean menores a los cinco años, ahora han cambiado su discurso y han cerrado fila con la posición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que alega que la mediación no será obligatoria, pero deja la posibilidad de hacerla, a pesar del rechazo de varias organizaciones de defensa y apoyo a las mujeres.
Según él, en estos casos podría haber mediación si no hay un daño psíquico a la víctima, que ya le correspondería evaluar a un especialista previo al proceso.
[/doap_box]
El martes pasado fue el primer día de consultas, en donde la primera en ser consultada fue la presidenta de facto de la CSJ Alba Luz Ramos, una de las principales impulsoras de la Ley y que ahora señala tajantemente que su posición “es la de la Corte”. Antes, la Corte resolvió que la Ley no tenía ningún roce constitucional, como han señalado algunos juristas, pero mandó a que se reforme el artículo 46 que permite la mediación por delitos leves.
A la consulta también asistieron miembros de la comisión interinstitucional contra la violencia hacia las mujeres y, a pesar de que todo indicaba que la consulta iba a ser abierta, el jefe de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, mandó a sacar a los medios presentes, incluyendo a los de las mismas instituciones, con el argumento de que la consulta con la Corte sería privada. Concluida la reunión, la mayoría de consultados salió rápidamente, sin dar lugar a entrevistas.
Otra de las personas que se oponía a la mediación indicando que esta deja en desventaja a la mujer y la expone era la procuradora de la Mujer, Deborah Grandinson. Sin embargo, al salir de la reunión dijo que ve “positivo” la reforma, porque la mujer no será obligada a mediar ni se iniciaría este proceso sin su recuperación. Además, la mediación se anularía si hay coerción u amenaza en dicho proceso.
Sin embargo, Grandinson reconoció que a nivel nacional no hay condiciones para que previo a la mediación haya un proceso de recuperación de la víctima. “Ese sería un gran reto dotar estas instancias”.
Los diputados, que aprobaron la ley por unanimidad, también prohibieron inicialmente la mediación, pero ahora se ajustarán a la decisión de su bancada sobre la reforma.
La diputada Irma Dávila opinó que la mediación consolidará la ley, que también ha sido rechazada por otros sectores.
Según él, en estos casos podría haber mediación si no hay un daño psíquico a la víctima, que ya le correspondería evaluar a un especialista previo al proceso.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A
