Roy Moncada
Algunas disposiciones de la Ley de Municipio (Ley 40) están de adornos para la Alcaldía de Managua, cuya gerencia bajo la figura de la alcaldesa inconstitucional Daysi Torres no cumple con normas de administración pública sujetas a sanción por la Contraloría General de la República (CGR).
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Así observa el excontralor de la República, Agustín Jarquín Anaya, quien expresó que ejecutar obras no presupuestadas y no contempladas en el Plan de Inversión Anual ameritan una sanción administrativa y civil del ente fiscalizador.
“Es merecedora de las autoridades de sanciones administrativas y civiles. Es una manera de trabajar anómala y que tiene costos además para el ciudadano”, sentencia Jarquín Anaya.
Entre noviembre del año pasado y el mes actual, la municipalidad ejecutó cinco proyectos que no aparecían en el Plan de Inversión Anual 2013.
CABILDOS SON SOMBRAS
Los cinco cabildos que ahora estipula la legislación municipal, según Jarquín Anaya, solo serán para cumplir con la formalidad del proceso, porque de fondo lo que demanden los capitalinos no tendrá peso ante las decisiones que tome el Gobierno central, que es el que decide qué obras priorizar.
Jarquín recuerda que ninguna municipalidad tiene que ser obediente con el Gobierno central por el hecho de recibir presupuesto vía transferencias, ya que es ley y no una dádiva a las comunas. “No es una donación del Gobierno central, es una ley que se aprobó en la Asamblea. No es una decisión ni antojadiza ni voluntariosa. Incluso hay una fórmula (para realizar las transferencias) que no se ha puesto al día”, explica Jarquín Anaya.
Esta falta de autonomía municipal no es exclusivo de Managua. “El resto de las alcaldías sandinistas tienen una práctica similar”, asegura Jarquín Anaya, quien señala que si un alcalde se niega a acatar las decisiones tomadas por la Presidencia de la República, de inmediato es echado del cargo.
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