Ramón Potosme/ Gloria Picón
El presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, instó ayer al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a que si es “hombre de palabra” que cumpla con la palabra que empeñó en público en el 2008, en República Dominicana, durante la vigésima cumbre presidencial del Grupo de Río, donde dijo que esperaría el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para retirar los barcos de guerra del meridiano 82.
“Hay que decirlo y hay que repetirlo. El presidente Álvaro Uribe, en una reunión que teníamos en República Dominicana, cuando mencioné el tema de San Andrés y Providencia y le dije ‘presidente retire los barcos de guerra del meridiano 82’, él me dijo (…) ‘esperemos los resultados del fallo’. Él me dio su palabra, la palabra del Estado colombiano la comprometió ahí ante todos los jefes de Estado de América Latina y el Caribe”, dijo Ortega.
“El presidente Uribe, si es hombre de palabra, debería reconocer el fallo, la sentencia. Y yo lo invito a Uribe a que, en lugar de estar haciendo llamados a que usen la fuerza militar para tomar posesión del territorio marítimo de Nicaragua, que cumpla con su palabra que empeñó en publico”, insistió Ortega.
Reiteró su rechazo a que se señale a Nicaragua de expansionista cuando más bien ha perdido territorio y ahora recupera una parte por la vía del derecho. Además, indicó que el país está listo para que se creen las comisiones con Colombia para la implementación del fallo.
Santos, quien en las últimas semanas ha afrontado protestas campesinas y manifestaciones callejeras, tenía en junio pasado una imagen positiva del 53 por ciento y una desfavorable del 38 por ciento, según la firma Datexco, que también publicó el sondeo este jueves.
Analistas han señalado que la respuesta de Santos sobre el fallo de la CIJ es por el clima electoral en su país.
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JUAN MANUEL SANTOS CONTRA EL PACTO DE BOGOTÁ
Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, presentó ante la Corte Constitucional de su país una demanda contra el Pacto de Bogotá para que ese tribunal se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya acerca de los límites con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna.
Según Santos, dos artículos del pacto de Bogotá violan su Constitución porque indican que tienen que cambiar los límites, automáticamente en virtud de un fallo de la CIJ.
El tratado del Pacto de Bogotá, firmado en 1948, reconoce la jurisdicción de la CIJ y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 37 de 1962, según la Presidencia. Sin embargo, el Gobierno lo ha cuestionado en los últimos meses a raíz del fallo del 19 de noviembre de 2012.
El pasado 28 de noviembre, diez días después del fallo, el Gobierno comunicó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, la decisión de retirarse del Pacto de Bogotá y así dejar de reconocer la jurisdicción de la CIJ.
Santos dijo el lunes pasado que el fallo de la CIJ es “inaplicable” si no se firma un tratado “que garantice los derechos de los colombianos”.
Las acciones del presidente Santos no tienen ningún efecto sobre la validez de la sentencia de la CIJ, pues se tratan de actos de derecho interno, según señala el experto en Derecho Internacional, Norman Miranda.
De acuerdo con Miranda, el recurso de Santos ante el más alto tribunal colombiano es parte de la cadena que comenzó Bogotá en noviembre del año pasado, cuando denunció el pacto de Bogotá para escapar del artículo 31 de dicho Pacto que amarra a Colombia a la jurisdicción de la CIJ.
La demanda de Nicaragua por su plataforma continental extendida independientemente, que comenzó a gestionarla en 2010 ante la Comisión de Límites de la Organización de las Naciones Unidas, puede ser llevada a la Corte de La Haya contra Colombia porque todavía en el marco de un año, después de la denuncia del Pacto de Bogotá, la Corte tendrá jurisdicción sobre Colombia.
Miranda recordó que la sentencia no se pronunció sobre la plataforma extendida argumentando que Nicaragua presentó información insuficiente, pero Nicaragua ya completó su información ante la Comisión de Límites en junio pasado, por lo que sería conveniente llevar el caso ante la CIJ. Indicó que la Comisión de Límites podría tardar cinco u ocho años, puesto que tiene 70 casos pendientes.
MARTINELLI DESUBICADO
Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, indicó a la prensa de su país que Nicaragua se “emocionó” con el fallo de la CIJ y que pretende mares territoriales que le pertenecen a otras naciones.
Martinelli consideró que Nicaragua pretende como suyas áreas como Boca del Toro y Colón.
Panamá afirmó ayer que una solicitud de Nicaragua a la ONU para que amplíe su plataforma continental “podría incidir sobre los límites de la zona económica exclusiva panameña”, una pretensión que el canciller panameño, Fernando Núñez Fábrega, tildó de “inaudita y absurda”.
Miranda consideró lamentable que Martinelli haya caído en el juego de Colombia porque el fallo de la CIJ es claro en preservar a Panamá y Jamaica los costados laterales; el sur a Panamá y el norte a Jamaica. Recordó que de los artículos 160 al 162 de la sentencia indican que sus derechos están salvaguardados.
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