Moisés Martínez y Elizabeth Romero
La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (Fenacoop) rechazó la propuesta del gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, de gravar con tres impuestos las donaciones a estas organizaciones que no sean aprobadas por el ejecutivo.
Mientras tanto, el arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes Solórzano, insistió en que de concretarse dicha medida tributaria, las donaciones directas que reciban las parroquias para distintas obras sociales, se verán disminuidas y “esto sería lamentable”.
Sinforiano Cáceres, presidente de la Fenacoop, lamentó el “contrasentido” de la gestión gubernamental, que se jacta de fomentar el cooperativismo en el país, pero sus medidas fiscales lo atenazan.
La propuesta del Gobierno está contenida en las discusiones sobre posibles modificaciones o cambios a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) que los equipos técnicos del ejecutivo discuten bilateralmente con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
“Cuando empieza a tener auge, cuando empieza a crecer el movimiento, vienen y lo frenan con medidas fiscales”, señaló Cáceres.
Otro medida desde el gobierno en contra del cooperativismo, fue la creación del Ministerio de Economía y Planificación Familiar, el cual de acuerdo a Cáceres, le restó autonomía a lo que era el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
“Fíjate, pasamos 30 años peleando porque tuviéramos una institución como el Infocoop, y luego cuando finalmente la tuvimos, solo dura cuatro años. Lo creó el Frente Sandinista, y el mismo Frente Sandinista lo desbarató. Es un contrasentido total”, afirmó Cáceres.
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COOPERATIVAS EN SITUACIÓN DIFÍCIL
“El tema de la Ley de Concertación Tributaria tiene varios aspectos que ponen a las cooperativas en una situación difícil y eso es un contrasentido. Las cooperativas son un instrumento del sector de la economía social para resolver problemas sociales y comunales, y por naturaleza, es una organización sin fines de lucro. Los que deben pagar impuestos son los socios de las cooperativas, no la cooperativa como tal. En ese sentido, se trata a la cooperativa como una sociedad mercantil, cuando se trata de una sociedad de personas”, explicó Cáceres.
La LCT vigente aprobada apenas en noviembre pasado, grava con Impuesto sobre la Renta (IR) de capital, actividades económicas y ganancias, las utilidades generadas por las cooperativas cuando estas pasen de los cuarenta millones de córdobas.
“Cuando una cooperativa hace una operación y tiene ingresos por encima de los cuarenta millones se le tiene que gravar. Estos excedentes son repartibles o no repartibles, no son utilidades de la cooperativa. Los excedentes son para crear fondos de la educación, para la comunidad, no son fondos para meterlos en las cuentas de los socios. Al gravar eso, lo que estás haciendo es que al instrumento para sacar de la pobreza a la comunidad, lo castrás”, explicó.
Dichas reformas entrarían en vigencia a partir del año próximo, como fue establecido en la misma LCT de noviembre pasado.
“En la misma Ley de cooperativas se establece que estas se crean con un interés social y nacional, ya que son un instrumento para que la pequeña y mediana empresa de la zona urbana y rural salgan de la pobreza. No entendemos por qué el Gobierno acepta que la visión de los empresarios es la que debe privar a la hora de analizar a los sujetos sociales y económicos que deben ser gravados o no”, insistió Cáceres.
Añadió que la propuesta de gravar las donaciones que no se registren con el Gobierno, la conocieron a través de las publicaciones de LA PRENSA, algo que ha sido una constante debido a que no han sido tomados en cuenta para participar en las discusiones sobre la LCT.
BRENES: DONACIONES DISMINUIRÁN
De hacerse efectiva una reforma al artículo 32 de la LCT, la Iglesia católica se vería afectada debido a que no recibirían ayuda de los organismos donantes, estima monseñor Brenes.
Aunque dijo que sobre este tema solo conoce lo que ha sido informado a través de los medios de comunicación, se mostró esperanzado porque esta situación no se haga realidad y no sean más que “bolas que producimos los nicaragüenses”.
“Pienso que los organismos al ver que se va a poner un impuesto a las donaciones, no la darían porque ahora nos están pidiendo que para la construcción de una iglesia, demos un tercio de todo el producto, ellos (los donantes) dan los dos tercios. Al ver que la ayuda que ellos darán tendrá un impuesto, yo pienso que no lo darían”, manifestó Brenes.
De hacerse efectiva esta reforma, consideró que a la Iglesia se le dificultaría desarrollar nuevas obras.
PARROQUIAS SERÍAN AFECTADAS
“Ya no habría la construcción de templos, ya no tendríamos tanta facilidad porque nuestro pueblo es pobre. Dispensarios, casas curales y otras obras que la Iglesia mantiene también (serían afectadas)”, refirió el arzobispo de Managua.
Dijo que la ayuda que recibe la Iglesia católica de Nicaragua proviene de la Iglesia alemana, que a su vez la obtiene de las ofrendas que recauda en tiempo de cuaresma y luego la va distribuyendo. Igual pasa con la ayuda proveniente de la colecta del Vaticano que se las hace llegar a través de un organismo destinado para este fin.
Sin embargo, monseñor Brenes aclaró que la ayuda llega para beneficio de las obras sociales que realiza la Iglesia.
“No viene para nosotros las personas, sino que viene para una obra determinada, para un vehículo en una parroquia, para una casa cural, para un templo (o) un dispensario”, expuso monseñor Brenes.
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