QUITO/AFP
El gobierno ecuatoriano propuso castigar la injuria a través de redes sociales, tal como prevé la ley para los casos que implican a medios de prensa, dijo un alto funcionario este miércoles. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, aseguró que la iniciativa busca penalizar la injuria en sitios como Twitter o Facebook, de la misma forma que ya es sancionada en los medios tradicionales de comunicación.
«La misma pena que es para la injuria en los medios de comunicación, o la injuria en cualquier situación, es aplicable para la injuria en redes sociales. No he pedido cambiar el delito (…), he pedido que se establezca un procedimiento» para aplicar la ley en estos casos, afirmó el funcionario en una entrevista con el canal GamaTV.
La propuesta fue presentada a una comisión legislativa para que sea incluida en el nuevo Código Penal que discute el Congreso, de mayoría oficialista. La normativa vigente prevé penas de seis meses a dos años de prisión para el delito de injuria calumniosa, es decir la falsa imputación de un delito, a través de escritos, impresos o imágenes. La pena puede ser menor cuando se trata de injurias no calumniosas que, según el actual Código Penal, están relacionadas con expresiones que causan descrédito, deshonra o menosprecio.
Mera insistió en que se debe determinar un procedimiento para que la ley también sea aplicada para los casos de injuria a través de redes sociales, y descartó que su propuesta esté orientada a controlar esos sitios de internet.
«Yo no hablo de controlar, hablo de que todo mundo debe responder por lo que dice en los medios o en Twitter», afirmó el secretario jurídico, y enfatizó que normas similares ya se aplican en varios países del mundo.
Sin embargo, los medios que publiquen comentarios calumniosos no serían castigados penalmente, aunque enfrentarían procesos administrativos sancionados con multas por emplear fuentes que no están totalmente verificadas, explicó Mera.
El tema fue planteado en momentos en que la justicia examina una demanda de inconstitucionalidad contra una controvertida ley de comunicación promovida por el gobierno que, según periodistas y organizaciones internacionales de derechos humanos, afecta las libertades de opinión, prensa y expresión.
La norma incorpora controles sobre los medios y recorta la participación privada en el sector de comunicaciones, a través de una nueva distribución de frecuencias en radio y televisión.
