Moisés Martínez
Las operaciones de iglesias, Organismos No Gubernamentales (ONG) y cooperativas están en la mira de las reformas a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) que negocian el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de forma bilateral.
Una revisión del borrador de propuestas a la LCT al que tuvo acceso LA PRENSA detalla que la propuesta gubernamental establece exenciones subjetivas del Impuesto sobre la Renta (IR) de actividades económicas, rentas de capital y ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), a las operaciones de distintos agentes vinculados a actividades de cooperación y ayuda en diversas áreas para el país.
Sin embargo, el artículo 32 de la ley es propuesto a ser reformado por el Gobierno en su numeral seis, dejando claro que estas exenciones serán aplicadas a “las representaciones diplomáticas, consulares y organismos internacionales, siempre que exista reciprocidad; las agencias de cooperación, los proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional conforme convenios y acuerdos suscritos por el Gobierno de la República de Nicaragua”.
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La Alianza, conformada por distintos organismos de la sociedad civil, reclama en primer lugar que la Ley de Concertación Tributaria (LCT) no ha sido producto de un consenso nacional, ya que fue aprobada de manera acelerada entre julio y noviembre del año pasado.
Advierten que de reformarse la LCT sin tomarse en cuenta el rendimiento de esta debido a su poco tiempo de vigencia, se “puede avizorar que se preparen nuevos privilegios fiscales a los sectores de mayores ingresos y empresariales del país, en perjuicio de la hacienda pública”.
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Para el economista Adolfo Acevedo, aunque la propuesta de reforma no deja claro el concepto de cooperación internacional, tradicionalmente este se ha referido a recursos concesionales otorgados por actores internacionales públicos o privados canalizados precisamente para ejecutar proyectos públicos o privados.
“Si nos atenemos a esta interpretación del concepto, el significado de este texto añadido a la LCT sería que los proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional que no se produzcan conforme a convenios y acuerdos suscritos con el Gobierno de Nicaragua, quedarían plenamente gravados con los impuestos mencionados en la propuesta de reforma”, señaló Acevedo.
“Este sería el caso, por ejemplo, de las donaciones que reciben las diferentes iglesias desde el exterior, o a las cooperativas o el financiamiento canalizado a través de ONG que lo reciben de fuentes privadas del exterior, y todo tipo de programa y proyectos, incluyendo otorgamiento de becas, que no se produzca conforme a un acuerdo o convenio previo del donante con el Gobierno”, advirtió el economista.
COSEP RECHAZA QUE SEAN REFORMAS
El Cosep por su parte ha rechazado que se esté preparando una reforma a la LCT, calificando las modificaciones como “revisiones” a la legislación en aspectos más de forma que de fondo.
Se desconoce cuál es la postura del gremio de empresarios ante esta propuesta sobre el artículo 32, dado que este tiene como política no discutir públicamente temas sobre cambios en leyes en los que no haya consenso con el Gobierno.
Sin embargo, fuentes vinculadas al equipo negociador del gremio de empresarios aseguran que hasta el momento el Cosep no se ha opuesto a esta reforma gubernamental.
CONTROL A ORGANISMOS CRÍTICOS AL GOBIERNO
Irving Dávila, de la Comisión de Gobernabilidad de la Coordinadora Civil, una de las mayores redes de ONG a nivel nacional, expresó que si esta reforma se aprueba en primer lugar sería un mecanismo de control del Estado de la cooperación externa y las mismas operaciones de ONG, principalmente aquellas que trabajan en el fomento de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, además de la lucha por los derechos humanos.
“Lo que nos preocupa es que este es otro mecanismo más de represión para impedir la oxigenación económica de aquellas organizaciones que no son de la simpatía para este Gobierno, por tener una opinión crítica a la gestión pública, que es un derecho constitucional”, expresó Dávila.
SEÑALAN VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN
“Controlar o impedir el acceso a la cooperación internacional a las ONG nacionales es claramente una violación a la Constitución Política en su artículo cinco, que habla precisamente de la libre cooperación que debe existir en Nicaragua. Es un derecho constitucional, internacional y humano en la medida que las ONG apoyamos a la población, principalmente la que enfrenta problemas de pobreza en aspectos o necesidades que el Estado no atiende”, insistió Dávila.
Las discusiones de los equipos técnicos del Gobierno y la empresa privada sobre las reformas a la LCT iniciaron desde agosto pasado, quedando fuera de estas los sindicatos, inclusive los controlados por el Gobierno.
“Es un atentado contra la libertad de cooperación, las libertades políticas y los derechos económicos, sociales y culturales, incluso de la misma población”, afirmó Dávila.
SILENCIO DEL GOBIERNO
El Gobierno ha mantenido silencio sobre el tema de la nueva discusión sobre reformas a la LCT y ha dejado que el Cosep sea quien enfrente este tema. Solamente el presidente de la comisión económica del parlamento, el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, se ha pronunciado calificando a estas reformas como una “intervención profiláctica” para determinar si esta ley amerita ser modificada ya sea vía Asamblea Nacional o aplicando cambios en su reglamento.
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