Algunos orteguistas expresan, con ingenua convicción, que en las cárceles de Nicaragua no hay presos políticos, que tampoco hay muertos o torturados por motivos políticos, que no hay un órgano responsable de la censura de prensa, no hay desaparecidos, hay procesos electorales (aunque fraudulentos y viciados), un sector mayoritario de la población acude a sus movilizaciones (muchos obligados y con los recursos del Estado), y concluyen, jactanciosos, que el régimen de Ortega no es dictatorial.
Olvidan, o nunca lo supieron, que una forma de gobierno no se define, circunstancialmente, por el grado moderado de represión física o de violencia a la población, o por el grado de respaldo de los ciudadanos a dicho gobierno en un momento dado, sino, en referencia a los derechos políticos que los ciudadanos podrían y deberían ejercer conscientemente en todo momento, en función de sus demandas económicas y sociales, y por la tutela de los mismos de parte de las instituciones del Estado.
En otros términos, un gobierno puede que no ejercite una represión y violencia permanente ante un pueblo desorganizado y degradado por la miseria y la ignorancia, pero, que en su esencia dictatorial, viole impunemente todos los derechos ciudadanos, y destruya la institucionalidad de la nación.
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Los analistas extranjeros, como aves de paso, afirman al vuelo que dado el autoritarismo hay en Nicaragua una dictadura light, al compararla frívolamente con el terror de Trujillo, Pinochet o Somoza. Como si bastara tomar una fotografía inmóvil en los procesos sociales. Sin considerar, por su premura migratoria, que la baja conciencia política y la restricción de derechos ciudadanos es mayor, ahora, que bajo el régimen opresivo de Somoza. Y que las manifestaciones de un poder opresivo presentan una dinámica coyuntural, que cambia con las variaciones en la correlación de fuerzas. Por lo cual, los reclamos de derechos de parte de los oprimidos para adelantar sus reivindicaciones más sentidas, exacerba la represión legal e ilegal de un poder totalitario. En efecto, la dictadura muestra su ferocidad, cuando los adultos mayores reclaman su pensión.
Captar la esencia reaccionaria de una forma de gobierno dictatorial, que vulnera el desarrollo de las fuerzas productivas, requiere revelar su evolución y desarrollo en la sociedad, contradictoriamente a la tendencia de la evolución de la conciencia de parte de los ciudadanos respecto a sus intereses y derechos, como veremos al analizar al régimen absolutista de Ortega.
“En las dictaduras —escribe Herta Müler, escritora rumana que denuncia en sus libros los abusos cometidos por el régimen de Ceaucescu— todo está muy desnudo, uno ve todo aquello que en otras sociedades no está a la vista con tanta nitidez”. En este sentido, no es light el absolutismo feudal de Ortega, cuya voluntad personal es la fuente visible del derecho y de las imposiciones escandalosas de hecho. Y que controla, a su capricho, todos los poderes estatales para hacer prevalecer sus intereses familiares.
Sin embargo, sectores empresariales, interesados en compartir los privilegios del poder absoluto, no quieren ver con tanta nitidez la desnudez extrema del orteguismo, de la que habla Müller. Fingen inteligencia, como los cortesanos necios, a quienes un niño les grita que el rey va desnudo.
Cuando Gustavo Porras, en febrero de 2009, proclamó desde la tarima presidencial, al lado de Ortega, que las calles “eran de los orteguistas”, se hizo evidente que el lumpenproletariado fascista, las “turbas divinas”, que con la violencia callejera habían llevado al poder a Ortega —como a Hitler— con el terror de una “dictadura invisible desde abajo”, mostraba arrogantemente su disposición de avanzar, en adelante, hacia una dictadura estatal, visible, de corte feudal.
El absolutismo orteguista se sustenta, aún, en la debilidad y en el atraso de la conciencia de las masas, producto del infantilismo del liberalismo entreguista y corrupto, que incapaz de luchar por la democracia le fue cediendo a Ortega cuotas de poder. Por ello, en su fase inicial, la dictadura orteguista se basa más en una estructura clientelista corrupta, que en un régimen militar. Porque aún perdura el desconcierto en las masas, que después de romper con el liberalismo pusilánime, no encuentra todavía su propia conducción política, para enfrentar revolucionariamente al orteguismo, fortalecido dictatorialmente en el poder.
No obstante, el proyecto absolutista de Ortega intenta no dejar cabos sueltos de poder. Pretende avanzar, ahora, a una segunda etapa, al control personal sobre el Ejército nacional. Consolidaría, así, el ciclo dictatorial clásico: el totalitarismo.
Ortega sabe que tendrá que enfrentar con todos los órganos represivos acumulados en el poder, el ascenso de las masas trabajadoras, que se reagrupan para luchar por sus derechos conculcados.
Sin embargo, frente a la población enfurecida, intuye que puede quedar aislado, ya que sus fuerzas represivas no han sido preparadas para combatir al pueblo trabajador con una guerra civil. El autor es ingeniero eléctrico.
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