Elízabeth Romero
En caso que la Fiscalía decida no acusar por la agresión y robo colectivo del 22 de junio, en las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las víctimas tienen la opción de llevar su caso directamente a los tribunales, si ellos así lo estiman conveniente.
Esto es lo que considera el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Uriel Pineda, quien ha acompañado a las víctimas en este caso.
“Si el Ministerio Público desiste y los muchachos tienen a bien, pueden ejercer la acción penal contra las personas que resulten responsables”, expresó Pineda.
Ellos han mantenido las críticas en contra de la jefa de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, quien ha mantenido silencio a la demanda de una investigación del hecho y castigo a los agentes que por acción y omisión fueron partícipes de la agresión.
Uno de esos testimonios que aparecen en vídeo en las redes sociales es el de Luciana Chamorro, quien relata claramente como los oficiales que debieron protegerla más bien la golpearon.
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Carlos Villanueva, uno de los golpeados y afectados con el robo de su vehículo, manifestó que aún no han contemplado esa posibilidad, pero cree que deberán adoptar una decisión en conjunto si el caso sigue congelado a como está a la fecha.
Tras la última reunión sostenida entre varios de los denunciantes y la fiscal departamental, Blanca Salgado, quien les comunicó en ese momento que la Policía no ha respondido a la orientación de auxilio ni ha enviado los actos de investigación, Pineda dijo que no queda más que acudir a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Ante esta instancia policial tratarían de conocer cuándo pretenden concluir las diligencias de investigación y consultar los motivos por los cuales no han concluido.
Eso ocurriría si las autoridades de la DAJ les permiten realizar las consultas.
Pineda dice estar claro que en cuanto al procedimiento procesal lo que les queda es pedir al Ministerio Público que solicite el informe a la Policía Nacional. De esta manera, la Fiscalía puede tomar una decisión en el caso: mandar a ampliar la investigación, ejercer la acción penal o desestimar la denuncia.
NO DEBERÍA PASAR DE SEPTIEMBRE
“La Fiscalía tiene que evaluar su caso”, dijo el abogado del Cenidh, quien recordó que para ello la Fiscalía necesita los elementos de convicción y esas pruebas son las que debe recabar la Policía.
A su criterio, el proceso no debería pasar de septiembre, cuando se cumplan tres meses de la agresión a los jóvenes en las inmediaciones del INSS, por parte de miembros de la Juventud Sandinista.
Pineda consideró que debido a que la agresión y robo colectivo del 22 de junio ocurrió en presencia de oficiales de la Policía, “no deberían representar mayor complejidad los actos de investigación”.
“Sin embargo, lo que vemos es complicidad de parte de la Policía a los actores de esta agresión”, criticó Pineda.
Al respecto, la directora de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, dijo que no se ocuparía del caso en tanto esté en manos de la Fiscalía.
El grupo afectado denunció que entre lo robado están 7 vehículos, 4 motocicletas, 9 cámaras digitales, 27 celulares, 4 iPods (tabletas), 25 carteras con documentos de identidad, 3 computadoras, 8 anteojos, 11 tarjetas de débito y crédito, 3 relojes, 2 iPods, 3 guitarras y otras cosas.
Del grupo agredido esa madrugada, 14 jóvenes presentaron una denuncia oficial en la Fiscalía.
Los siete dueños de los vehículos robados sostienen las respectivas denuncias presentadas ante la Policía. Hasta ahora ninguna de las víctimas ha obtenido una respuesta oficial.
Los vehículos y demás objetos tampoco han aparecido.
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