Lucía Navas
5 de agosto de 2013. Para 10,951 ancianos ese día fue distinto. Los que en reiteradas ocasiones durante cinco años y medio cerraron avenidas, se apostaron frente a la Asamblea Nacional y se tomaron las instalaciones de las sucursales y de la sede central del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) habían triunfado. Ese día se les empezó a pagar la pensión reducida, derecho que por los últimos cuatro gobiernos les fue negado.
No valieron insultos, desprecios, golpes y mentiras de los funcionarios del Gobierno actual, los adultos mayores que cotizaron al menos lo suficiente para recibir un promedio de 3,000 córdobas al mes, demostraron que tenían el cuerpo cansado y enfermo mas no la voluntad, y la terquedad para doblegar a quienes ocupan cargos de poder.
Pero, ¿qué tan dañino está resultando ese pago a las finanzas del INSS? De acuerdo a especialistas se provoca que las reservas técnicas se agoten más rápido de lo previsto. Por ello los expertos consideran apremiante la reforma al Sistema de Seguridad Social amplia que propicie el aumento de la base de contribuyentes, que las inversiones rindan más y reducir del diez por ciento que son hoy los gastos administrativos, para evitar el “ahogo” del INSS.
Los números evidencian que la situación no es la mejor ya que hasta mayo pasado el INSS apenas logró un superávit de 368.2 millones de córdobas. Esto muestra que de los ingresos sobra muy poco debido a que los gastos en el INSS se “comen” el 86.6 por ciento a través de pago de pensiones, cobertura del seguro de Salud, el seguro de Riesgos Profesionales y los gastos administrativos.
El economista Adolfo Acevedo no ve futuro a esta propuesta al recordar que esa obligación es parte de la Ley de Seguridad Social atada a otras leyes, pero más a un compromiso político que no cree que el Gobierno rompa.
Alfonso Silva, miembro del consejo directivo del INSS, tampoco la ve prosperar. “Creo que meterse ahorita a un debate de esa naturaleza, por tanta sensibilidad social que eso puede provocar, por lo que significó ser una víctima de la guerra en este país, no tiene mayor trascendencia”.
Analiza que “no tendría mucho sentido” hacer este cambio porque el programa de Víctimas de Guerra “es finito”, es decir que se irá reduciendo en la medida que las personas que lo integran vayan muriendo.
En los estudios actuariales, dice Silva, se menciona que más o menos en 10, 15 o 20 años el programa va a terminar.
Pero los números dicen lo contrario. Los pensionados por Víctimas de Guerra superan las 31,000 personas. El último año subió un diez por ciento en número de pensionados y la obligación de pago 21.6 por ciento.
Hasta 2007 el programa se fue reduciendo pero cinco años después se incorporaron 12,537 personas que reciben una pensión por Víctima de Guerra.
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De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN) las operaciones del INSS registraron para abril de 2013 ingresos por 4,645.5 millones de córdobas, en tanto sus gastos fueron por 4,021.8 millones de córdobas. Los ingresos y los gastos incrementaron el mismo nivel, 19 por ciento.
ACELERA DETERIORO
Hay que recordar que el mismo presidente del Instituto, Roberto López, aseguró —durante junio y julio pasado cuando fue más intensa la protesta de los “viejitos”— que no habían recursos suficientes para honrar la pensión reducida.
“Tenemos que ser sinceros, no podemos en este momento”, fueron las palabras que López pronunció y dejó por escrito en la presentación que hizo el 21 de junio pasado en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN- Managua).
“Si pagamos las pensiones a los que no cotizaron las 750 semanas, el INSS entraría en un déficit rápidamente porque tendríamos que pagar 2,354 millones (de córdobas) anualmente”, afirmó entonces López.
Alfonso Silva, representante del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en el consejo directivo del INSS, conoce las finanzas del Instituto y le preocupa el deterioro que vaticinó López.
Según las estadísticas, el INSS registra en concepto de reservas financieras 1,500 millones de córdobas (unos sesenta millones de dólares).
Silva sostiene que al incorporarse la pensión reducida a las obligaciones ordinarias (pensión de vejez, invalidez y muerte), las reservas financieras se reduzcan más rápido de lo esperado.
“Eso está vinculado al tema de la sostenibilidad. Recordá que lo que va a provocar eso (incorporar la pensión reducida) es acortar la sostenibilidad financiera del Instituto”, afirma Silva.
Los estudios actuariales oficiales indican que el INSS entrará a un déficit entre 2022 y 2024 porque la obligación con las pensiones sobrepasará los ingresos que perciba. Este escenario se contempló previo a incorporar la pensión reducida.
Silva es de los que piensan que “urge entrarle al proceso de una reforma integral a la institución para poder lograr estabilizarla a 20 o 30 años”.
CIFRAS QUE NO CUADRAN
Pero las cifras de López y de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM) no cuadran. La organización registra 15,000 afiliados en total con derecho a la pensión mínima de vejez.
Los datos presentados por López indican que tienen derecho 54,872 personas a una pensión mínima de vejez. Incorporar esa cantidad de jubilados causaría un “desbalance en las finanzas” del Instituto, afirmó entonces su presidente.
Casi a un mes de que López jurara que no había dinero, Daniel Ortega, presidente inconstitucional, firmó el decreto 28-2013 por medio del cual reformó la Ley de Seguridad Social y restableció que el jubilado con 60 años y que haya completado entre 250 y 750 semanas, el INSS le pagará una pensión reducida proporcional al tiempo cotizado.
Son 239.2 millones de córdobas por año (incluye decimotercer mes) la obligación adicional que asumió el Seguro Social con los “viejitos”. El pago monetario representa el diez por ciento de lo que López aseguró se exigía, y los beneficiarios el 19.9 por ciento de la cantidad que supuestamente contabiliza el INSS.
HAY PRESIÓN
¿Por qué si es menor la cantidad de ancianos pagarles complica las finanzas del INSS? “Porque se gasta más rápido el poco dinero con que se cuenta”, responde Manuel Israel Ruíz, experto en temas de Seguridad Social.
Entre 1,200 y 2,800 córdobas por mes es lo que reciben en este momento cada anciano con pensión mínima por vejez. Una poquedad pero que cada año, por ley, se irá aumentando conforme la devaluación de la moneda y el ajuste al salario mínimo, al menos esta es la práctica que ejecuta el INSS a las pensiones.
Ruíz analiza que si en la práctica cada año se incorpora un mayor número de jubilados por pensión reducida entonces habrá más presión financiera porque igual será mayor la cantidad de dinero desembolsado para en la rama de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM).
Por año en promedio un ocho por ciento de asegurados se jubila al cumplir sus 60 años y contar con las 750 semanas de cotización. Por ejemplo, en 2012 fueron 8,319 personas quienes se incorporaron a la rama de pensiones por IVM, que elevó en 19.8 por ciento el pago en este segmento.
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