Elízabeth Romero
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, aparentó desconocer los señalamientos que hicieron el jueves frente a la Fiscalía las víctimas del robo y agresión de las inmediaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el pasado 22 de junio.
Las víctimas del caso OcupaINSS le atribuyeron el jueves a la fiscal departamental, Blanca Salgado, la información suministrada de que la Policía no les ha enviado los resultados de las diligencias solicitadas a finales de junio.
“No estoy enterado de esa declaración, voy a revisar”, refirió Borge, al insistirle que la versión surgió el jueves.
Esto porque el vocero policial intentó nuevamente evadir una respuesta al tema, bajo el argumento de que él mismo ya había sido abordado por su superiora.
“Sobre este tema ya nuestra directora general (de facto) dio a conocer públicamente”, manifestó el funcionario policial.
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“Desinformados cuando les conviene”, expresó el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
El funcionario recordó que los resultados hablan por sí solos, pues son dos meses en la impunidad. Y eso lo conoce la Policía.
Tanto las víctimas del 22 de junio como funcionarios del Cenidh, que les brindaron acompañamiento ante la Fiscalía, expresaron que entre las diligencias solicitadas está un vídeo captado por las cámaras de seguridad de la gasolinera cercana a Plaza Inter, que la fiscal Salgado les habría referido que la Policía les informó que esas imágenes fueron borradas.
Carrión se preguntó cómo es que dichos vídeos están en las redes sociales. “Es falta de voluntad. Es querer borrar la verdad”, consideró el defensor de derechos humanos.
Carrión reiteró ayer lo que escuchó explicar a Salgado en el encuentro con las víctimas del 22 de junio.
“Todo lo ordenado a la Policía (…) absolutamente no nos ha enviado investigación a fondo”, dijo Carrión que habría referido la funcionaria. En esta situación, a criterio de Carrión, “hay impunidad porque se trata de un crimen de Estado”.
VÍCTIMAS DEL SISTEMA
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, criticó que precisamente incurran en este tipo de actuaciones las instituciones que deberían salvaguardar o proteger la integridad de los ciudadanos. Por lo tanto, consideró que, además, los jóvenes agredidos y a los que le robaron son víctimas del sistema.
También criticó que ese tipo de posiciones de las autoridades “no responden a los intereses del pueblo, sino de un partido de gobierno”, con lo cual “se vuelven cómplices de este atropello”.
“Realmente es vergonzoso tanto para la Policía como para el Ministerio Público que no puedan atender y darle seguridad jurídica a estos ciudadanos que son víctimas”, indicó Carmona.
“En estas instituciones se han vuelto apañadores”, criticó Carmona.
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