Agencias y Ramón H. Potosme
Agregó que “tocar tambores de guerra es una ridiculez e irresponsabilidad cuando ambas naciones quieren vivir en paz y en democracia. El tejido social, político, cultural, social e histórico le da una fuerza que ningún discurso demagógico destruirá”.
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Los organizadores de la marcha prevista para hoy en Guanacaste en rechazo a las declaraciones del presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la posibilidad de reclamar dicha provincia, dijeron hoy que esperan la participación de más de 3,000 personas, incluida la jefa de Estado, Laura Chinchilla y varios de sus ministros.
Para el exdiplomático Julio Icaza este tema es ocupado por los gobiernos de ambos países como acciones “diversionistas” para ocultar los verdaderos problemas de la gente, como la falta de empleos, la creación de oportunidades y un futuro más próspero para los jóvenes.
Agregó que este tipo de conflictos no tiene razón de ser, porque la mayoría de las diferencias ya están radicadas como todo país civilizado ante un tribunal competente.
Nicaragua y Costa Rica tienen un juicio en la Haya por la soberanía del territorio de Harbour Head, un área de 2.8 kilómetros que Costa Rica llama Isla Calero. A la vez está la disputa por la construcción de una carretera en la ribera sur del Río San Juan, que Nicaragua considera daña gravemente al río.
La protesta es organizada por la municipalidad de Nicoya, una de las principales comunidades de la provincia, y justamente el sitio donde el 25 de julio de 1824 ese territorio decidió, en un cabildo abierto, anexarse a Costa Rica.
El vocero de la Alcaldía, Oliver Pérez, explicó ayer a ACAN-EFE que se espera la asistencia de más de 3,000 personas en la marcha, que encabezará Chinchilla y en la que estarán presentes los alcaldes de toda la provincia, diputados y ministros de Estado.
Ortega dijo la semana pasada que no descartaba acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para reclamar los derechos de su país sobre Guanacaste, pues según él, ese territorio fue “cedido” a Costa Rica a inicios del siglo XIX.
Tanto los habitantes de la zona como el Gobierno costarricense reaccionaron airados a esas declaraciones, que calificaron como un “irrespeto” de parte del gobernante nicaragüense.
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