TEGUCIGALPA/AFP
Las autoridades hondureñas reconocieron este miércoles que no han tenido éxito en la búsqueda de armas de uso militar en dos cárceles, en el segundo día de un operativo en el que sólo decomisaron armas blancas, cortopunzantes y contundentes.
«La búsqueda continuará porque el fin es encontrar las armas de asalto», fusiles AK-47 y M-16 que se sospecha están en manos de algunos reos, firmó a los periodistas el director interino de los centros penales, Simeón Flores.
Bien pertrechados, algunos embozados con gorros pasamontañas, cientos de militares empezaron el martes la búsqueda de armas en las penitenciarías de Támara, 20 km al norte de la capital, y San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, 240 km al norte.
Los militares incursionaron en los módulos que albergan a los miembros de las temidas pandillas Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 (M-18), pero solo hallaron cuchillos, machetes y otras armas cortopunzantes que los mismos reos elaboran con tubos, así como pocos gramos de cocaína, marihuana y recipientes con aguardiente clandestina.
Las autoridades buscaban al menos seis fusiles AK-47 y dos M-16, así como varios revólveres, que miembros de una pandilla utilizaron el pasado 3 de agosto para matar a tres miembros de otra pandilla rival y a tres custodios de la cárcel. Flores reconoció que las autoridades no conocen todas las partes de la penitenciaría, pero van a seguir buscando las armas.
La operación se repitió en la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, que junto a la de Támara son las dos más conflictivas.
En los centros penitenciarios de Támara y San Pedro Sula hay 2,844 y 2,200 reos, respectivamente.
El pasado 2 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que el Estado de Honduras cedió el gobierno de las cárceles a los reos, de lo cual deriva toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.
El documento señala que hay una sobrepoblación superior al 40% en los 24 centros penales donde hay 12,300 reos en condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por categorías de delitos.
El informe fue elaborado por una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), en el que murieron 362 reclusos.
