Josué Bravo y Carla Torres S.
La protesta de los vecinos de Residencial Praderas de Las Colinas ante la apertura del consulado en ese sitio, fue calificada como xenofóbica hacia Costa Rica y alentada por el Gobierno de Nicaragua, por el canciller de ese país, Enrique Castillo.
La falta de oficinas consulares en la capital ha causado retrasos a los viajeros, así como pérdidas económicas, principalmente a quienes llegan desde la zona norte y la Costa Caribe del país.
[/doap_box]
“Es consecuencia de la xenofobia que hay en contra de los ticos, alentada por el Gobierno de Nicaragua, que habíamos decidido trasladar el consulado a un lugar que ofreciera mejores condiciones a los nicaragüenses”, declaró Castillo al medio digital CRHoy.
La cancillería trasladó hacia Las Colinas el consulado general, para facilitar el acceso a los nicaragüenses, según Castillo, pero luego cerró debido “a situaciones que se han presentado en los últimos días”.
En consecuencia miles de nicaragüenses que viajan al vecino país del sur, ya no podrán hacer sus trámites en la capital. Las autoridades costarricenses cerraron las funciones consulares el pasado 13 de agosto hasta nuevo aviso, por cambio de domicilio.
“Los habitantes del barrio se oponen a la instalación de las oficinas ahí y han cerrado incluso las vías, entonces, mientras esa situación se mantenga, los interesados en sacar visa para Costa Rica, tendrán que ir a Chinandega o a Rivas”, explicó Castillo.
La atención al público estaba prevista a iniciar hoy en Residencial Las Colinas. No obstante los vecinos del lugar se opusieron al traslado de las oficinas consulares por considerar que les afecta la paz y tranquilidad al utilizar la única calle de acceso al Residencial Praderas de Las Colinas.
Enrique Sánchez, habitante del residencial explicó que los vecinos están defendiendo intereses económicos particulares y nada tienen que ver con el Gobierno.
“No tenemos nada contra Costa Rica ni contra el consulado. Todo lo contrario somos países hermanos, que lo que hagan los Gobiernos no tiene nada que ver con nosotros los pueblos”, expresó Sánchez.
Además comentó que han realizado grandes inversiones en sus casas, y con una situación de esta naturaleza los valores de las viviendas se vendrían abajo.
Rosario Arana, gerente del residencial aseguró que esta es una urbanización en desarrollo y consta de 120 viviendas valoradas aproximadamente en 90,000 dólares y precisó que la protesta de los vecinos no es política sino de respeto a la propiedad privada.
Ver en la versión impresa las páginas: 12 A ,1 A