Noel Amílcar Gallegos
Cabizbajos todo el tiempo, con lágrimas en las mejillas y ante un fuerte dispositivo policial, Verónica del Carmen Cruz Cuadra, de 30 años y su esposo Mynord Alberto Ponce Urbina, de 25, fueron acusados ayer en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Masaya, por asesinato y asesinato en grado de frustración.
Ambos son señalados de la muerte de Juana Yolanda Jiménez Báez, de 50 años y su hijo Arles Antonio Ortega Báez, de 24 años, y por el asesinato frustrado de Samuel Benedicto Barraza Báez, de 16 años, también hijo de la ahora fallecida.
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Ayer se realizó la audiencia preliminar y ante la petición del fiscal Erling Jarquín, de mantener la prisión preventiva, el juez de audiencia Leonel Alfaro accedió y dictó prisión preventiva para ambos señalados.
Los abogados defensores manifestaron estar sorprendidos porque aseguran que tanto Cruz como Ponce nunca han admitido su culpabilidad.
El viernes pasado la directora de facto de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, informó que la abogada Cruz había confesado el crimen junto a su esposo.
Según la acusación, mientras Cruz atendía a su clienta Jiménez, el pasado miércoles a las 6:30 de la tarde, apareció Ponce con un bate de aluminio, le propinó batazos en la cabeza a Ortega, Barraza y Jiménez. Luego los acuchilló en varias partes del cuerpo.
Una vez que los cuerpos fueron sacados del sitio, limpiaron la sangre de la sala, introdujeron a los hermanos en la cajuela del vehículo de Ortega, y a Jiménez en el asiento trasero, llevándolos a la comarca El Pochote, propiamente en la vuelta de la “U”.
En el sitio, Ponce, usando un arma de fuego ejecutó a Ortega e hirió a Barraza, de igual forma Cruz, con otra arma de fuego se encargaba de disparar en la cabeza a Jiménez. Luego salieron con rumbo a la capital.
AUDIENCIA INICIAL EL 26 DE AGOSTO
Una vez leída la acusación, el Ministerio Público pidió al juez que admitiera la acusación y este último programó la audiencia inicial para el próximo 26 de agosto a las 11:00 de la mañana.
Luego que los acusados salieron, el abogado defensor de Cruz y padre de la misma, Cristóbal Cruz, dijo muy emotivamente que hay algunos elementos que la Policía no dio a conocer públicamente, “… (su hija) no tenía el hígado, el corazón, ni la mente para hacer eso”.
En conferencia de prensa, el viernes, Granera dijo que los crímenes ocurrieron porque Jiménez Báez reclamaba una propiedad como suya, que había puesto en garantía por un préstamo de 12,000 dólares, monto que sumado a intereses (13,700) ya había pagado a Cruz.
Cruz fue quien elaboró una escritura de compra-venta de la propiedad, sin embargo a pesar de que Jiménez Báez pagó el préstamo nunca regresó la propiedad.
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