Sao Felix do Xingü/AFP
Los analistas identifican una nueva tendencia en la deforestación: la especulación sobre la tierra alentada por grandes obras de infraestructura, como centrales hidroeléctricas, carreteras o puertos, que mejoran la perspectiva de desarrollo económico. “Brasil tiene que invertir en la prevención: muchos de los daños ambientales y sociales de esas obras pueden ser prevenidos”, afirmó Ian Thompson, director del progama Amazonia de la ONG The Nature Conservancy.
Una reciente medida siembra esperanza: el Instituto de la Reforma Agraria del gobierno se comprometió a reducir en 80 por ciento, para 2020, la deforestación en los territorios de la Amazonía entregados a los campesinos sin tierra.
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La deforestación de la Amazonía aumentó en el último año tras casi una década de drástica reducción, apuntan indicadores aún provisorios, que encienden una alerta sobre el delicado momento que vive la mayor selva tropical del planeta.
Entre agosto de 2012 y junio de 2013 el privado Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) detectó un aumento de ciento por ciento en la deforestación. Los indicadores mensuales del gobierno también sugieren un incremento, aunque mucho menor. La deforestación real del último año —que confirmará si hubo o no aumento—, se conocerá en noviembre.
La ministra del Medio Ambiente, Izabella Teixeira, reconoció que ha aumentado la presión tras la fuerte reducción de la deforestación en 2012, pero afirmó no esperar un aumento de la tala cuando salgan los datos definitivos. “Estamos trabajando duro para que no aumente la deforestación, tenemos el mayor contingente de personas trabajando en la Amazonía”, añadió.
Las cifras de la deforestación coinciden con grandes obras y leyes que afectan a la región, aprobadas por un Congreso que tiene una poderosa bancada favorable a los agronegocios en este gigante país productor de materias primas.
POLÉMICA REFORMA
Tras años de fuertes debates, en octubre de 2012 fue sancionada una reforma del Código Forestal, impulsada por la bancada agropecuaria y enfrentada por los ecologistas. Esa ley define qué porcentaje de bosque tienen que preservar los agricultores en sus propiedades, que llega hasta 80 por ciento en Amazonía. “Una de las razones del reciente aumento de la deforestación fue el Código Forestal: provocó un rumor que el productor interpretó como una amnistía” a quienes deforestan, declaró el secretario de Municipios Verdes del estado de Pará (norte), Justiniano Netto.
El gobierno brasileño, presidido por Dilma Rousseff, “continúa impulsando grandes obras, pero no creó nuevas áreas protegidas y casi no demarcó tierras indígenas, que son barreras contra la deforestación”, manifestó el responsable de Amazonía de Greenpeace, Paulo Adario. “Al mismo tiempo depende del apoyo de un frente político, (que integra) el agronegocio, que tiene un gran poder que no tenía antes, y una agenda muy clara de revisión de políticas indígenas y áreas protegidas”.
Los indígenas están en pie de guerra ante iniciativas en debate en el Congreso, como la posibilidad de instalar concesiones mineras o arriendo a agricultores en sus tierras, y que sea el parlamento quien demarque sus territorios, destacó Cleber Buzzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista (CIMI). “Es un proceso de ataque violento a los derechos indígenas”, dijo. Líderes de 121 etnias invadieron la Cámara de Diputados en abril para reclamar sus derechos y acusaron a la presidenta de ser antindígena.
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