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Sobre la ruta que llega hasta el centro de Salinas, California, un cartel verde y blanco al borde de un campo arado dice en español: “¿Busca trabajo? Llame o venga. Hoy estamos contratando”.
El Valle de Salinas, que los pobladores llaman La Ensaladera del Mundo, genera 4,000 millones de dólares anuales abasteciendo la mitad de las frutillas y la lechuga que se consumen en Nueva York y Los Ángeles. Ahí los trabajadores indocumentados encuentran una suerte de adopción y protección. “No salimos a golpear puertas para preguntarles si son legales”, dijo el alcalde de Salinas, Joe Gunter, cuya ciudad es un 75 por ciento hispana.
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Si bien los estados duros como Arizona establecieron que buscar trabajo es un delito para los inmigrantes indocumentados, el sector rural de California, que mueve 43,500 millones de dólares al año, depende de una fuerza de trabajo informal de inmigrantes indocumentados, principalmente mexicanos, que se está erosionando debido a las mejoras económicas a nivel interno y los controles fronterizos estadounidenses más estrictos.
Funcionarios y productores locales ansiosos por aliviar la escasez de trabajadores esperan que el Congreso implemente programas que otorguen un estatuto legal a los trabajadores indocumentados y abran un camino a la ciudadanía, entre otros cambios en la política migratoria.
“Estos son empleos que nadie más quiere”, dijo el alcalde de Salinas, Joe Gunter, de 66 años. “Si se extrae a los que están indocumentados, el sector queda devastado”.
Lo que está en juego para California, el estado de mayor producción agrícola, es una fuerza de trabajo estable y capacitada y una planificación de la producción para los productores que proveen al país casi la mitad de la fruta, los frutos secos y las verduras cultivados en Estados Unidos.
CAMINO A LA CIUDADANÍA
El Senado sancionó en junio legislación respaldada por el presidente Barack Obama que crearía ese camino y un programa para trabajadores temporarios. La Cámara todavía no se ha pronunciado. California tiene el mayor número de inmigrantes indocumentados, unos 2.6 millones en 2010, aproximadamente la cuarta parte de la cifra correspondiente a los Estados Unidos, según el Instituto de Política Pública, una organización no partidaria de California en San Francisco.
El proyecto de ley “ayudaría a garantizar una fuerza de trabajo estable en la agricultura que el sector necesita para seguir siendo competitivo con otros países y para mantener nuestra abundante provisión de alimentos”, dijo la Casa Blanca en un informe el mes pasado.
Para millones de trabajadores agrícolas que viven en las sombras, el proyecto significará una oportunidad de obtener la ciudadanía contribuyendo a la economía agrícola de los Estados Unidos.
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