Rezaye Álvarez M. y Tania Sirias
En vez de condenar al lago Cocibolca a ser contaminado por el paso de los enormes buques cargueros, el académico y director del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA), Salvador Montenegro Guillén, señaló otros usos posibles para “la mar de agua dulce”.
Los usos que mencionó Montenegro Guillén son: agua para uso potable, irrigación y producción de alimento, así como para la industria, silvicultura y ganadería.
Este tema fue abordado por Montenegro Guillén durante el Segundo Foro Académico Científico sobre el proyecto de Canal Interoceánico por Nicaragua, que organizó la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), en la Universidad Centroamericana (UCA).
Asimismo, Montenegro mencionó otros aspectos que atañen a la viabilidad de la construcción del Canal Interoceánico, como por ejemplo, que al hacer una zanja de 90 kilómetros de longitud, por 520 metros de ancho y 27 metros de profundidad, se sacaría un 1,300,000 toneladas de lodo y arena.
No obstante, según un estudio realizado por el Banco Mundial, al Cocibolca le caen 18 millones de toneladas de sedimento al año. Es decir que la zanja que se construya para el canal se rellenaría de sedimento unas 14 veces al año.
Otro aspecto que Montenegro Guillén explicó es sobre la necesidad de construir una represa 100 kilómetros río abajo del San Juan, para subir el nivel del Cocibolca, de 31 a 32 metros sobre el nivel del mar.
Esta muralla, según Montenegro, sería “la piedra angular del sistema hidráulico” porque sería la encargada de retener el volumen de agua, que de otra manera saldría al mar.
DUDA DE RECURSOS
Por otra parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana (UAM), Alejandro Aguilar, inició su ponencia afirmando que difícilmente prosperarán los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por ciudadanos, organizaciones civiles y partidos políticos. Señaló que en el contrato de concesión firmada por Ortega no tiene exigencia de buen gobierno corporativo, por lo tanto no hay exigencias de transparencia.
“Se supone que los contratos que se deriven de ahí pueden ser pocos transparentes. Tampoco hay exigencias de conflictos de interés y al menos debería ser regulado”, dijo el académico. Asimismo, explicó que el conflicto de la compañía no puede ser el interés del propietario.
Otro de los puntos que preocupa al decano de la UAM es que Wang Jing contrató a la mejor oficina de asesoría legal, Kikland & Ellis, una de las mejores del mundo, ubicada en los Estados Unidos.
“Mucha gente se alegró por esa noticia, pero estos son los abogados de la contraparte de Nicaragua, son los que nos van a desplumar”. Acto seguido dijo que le gustaría conocer al asesor legal de Nicaragua, el cual hasta el momento, pareciera estar en la sombra.
Aguilar señaló que los que estudiaron este acuerdo firmado por Ortega y Wang Jing no comprenden por qué Nicaragua pierde más que la compañía china.
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