Josué Bravo
Corresponsal/Costa Rica
La cuestionada carretera fronteriza costarricense sigue en su laberinto de entuertos legales y económicos, y ahora la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) devolver los fondos que serían usados para su reconstrucción.
En la resolución DFOE-IFR-0393, la CGR ordenó al Conavi, responsable del proyecto, devolver 2,500 millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencias. Ese dinero, cercano a unos 5 millones de dólares, el Conavi puede usarlos siempre y cuando haga un presupuesto donde detalle que será usado única y exclusivamente para reconstruir esta fallida carretera.
“En caso que el Conavi fuera autorizado por la comisión (CNE) para ejecutar esos recursos en la ruta que se indica, se deberán de emplear una vez que sean presupuestados, en forma exclusiva para las obras de dicha emergencia y obligaciones futura que se contraigan”, ordenó la CGR.
Esta traba se suma a una apelación presentada ante la PGR por la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Sociedad Anónima (Cacisa) en la readjudicación en el diseño de reconstrucción de un tramo de esta carretera.
Cacisa perdió una primera adjudicación sobre estos diseños porque la Contraloría señaló aparentes irregularidades en el proceso. Tras perderla, el Conavi readjudicó los diseños a otra empresa.
Esta apelación atrasará reconstruir un primer tramo de esta vía llamada Ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras, y que inicialmente fue el proyecto insignia del actual gobierno, pero ahora es referente de escándalos de corrupción en Costa Rica.
Desde que hace más de un año la propia mandataria Laura Chinchilla denunció actos de corrupción, la culminación de la vía literalmente se ha visto empantanada por denuncias, allanamientos judiciales, congelamientos de fondos, readjudicación de proyectos y otros entuertos legales.
