Cometeríamos un lamentable error si, quienes estamos comprometidos en la lucha por la democracia, consideramos el despojo de la diputación al ingeniero Agustín Jarquín como un conflicto entre aliados del orteguismo, que solo a ellos concierne. Voy más allá. Opino que cometeríamos el mismo error si lo consideramos un asunto de los diputados, defendiendo sus cargos, y por consiguiente solo a ellos atañe. Este zarpazo dictatorial es bastante más que eso.
Con independencia de las simpatías o antipatías que puedan despertar las actuaciones políticas de Agustín, quien —ya sabemos— a lo largo de su dilatada carrera pública ha “paleado” unas de cal y otras de arena, estamos enfrentando hechos que trascienden su condición personal, de ciudadano, diputado o político. El orteguismo ha tomado una decisión totalitaria cuyos destinatarios y víctimas potenciales somos todos. Moros y cristianos.
En primer lugar se trata de un arrogante, deliberado y descarado atropello a toda forma de legalidad.
Si de récords se tratara, la resolución mediante la cual se destituye a Jarquín batiría todos los récords en materia de arbitrariedad: un tribunal integrado por usurpadores (todos son funcionarios con plazo vencido), dicta una resolución en un campo que no es de su competencia (la destitución de diputados compete a la Asamblea Nacional), aplicando una ley que no existe (todo diputado tiene derecho a cambiarse de bancada), sin seguir el debido proceso (al afectado solamente se le notificó la resolución final) y sin conceder al acusado el derecho a defenderse (un derecho elemental en todo régimen, aún en tiempo de guerra).
No nos enredemos ni pretendamos engañarnos a nosotros mismos buscando vericuetos jurídicos que no existen. Estamos ante una acción política calculada, con objetivos políticos también calculados.
¿Cuál es el mensaje detrás de esa arbitrariedad flagrante?
Un mensaje paralizante y demoledor: el monarca se encuentra por encima de la ley. O, más bien, que su voluntad es la ley: Despojo de propiedades, detenciones ilegales, expulsiones del país, fraudes electorales, agresiones físicas impunes, y un largo etcétera que indica a los propios que el precio de la disidencia es la muerte política, y a los ajenos, que el régimen únicamente reconoce súbditos, no ciudadanos. Y que la única conducta admisible es el sometimiento.
En segundo lugar, el zarpazo totalitario persigue aniquilar el último espacio de institucionalidad que, aunque precario, todavía sobrevive. Más allá de las críticas que, merecidamente unas, inmerecidas otras, recaen sobre nosotros los diputados, la realidad es que no hay otra institución pública donde se conserve un resquicio de independencia, o de resistencia al régimen. Y eso es lo que quiere anular el orteguismo. Podemos dirigir la mirada hacia la Fiscalía, el poder judicial, la Procuraduría de Derechos Humanos, o la Contraloría, para mencionar algunas. Toda voz independiente o que pretenda ceñirse a la ley fue ahogada por el poder totalitario. El espacio de la Asamblea es poco, pero es lo único que queda. Después ¿qué queda?
Precisamente es la lógica de todo régimen totalitario. Y el orteguismo ya le está dando vuelta a la esquina. No quiero ser tremendista, pero el sentido común, nuestra triste historia y los hechos actuales enseñan que repetimos el mismo ciclo fatal. Después de doblar esa fatídica esquina, solo hay un único camino que conduce a un único destino: el precipicio.
Por estas razones, estamos obligados a actuar, desprendiéndonos de toda mezquindad, de toda miopía y entender que el respeto a la ley y los derechos de todos, la causa de la democracia, es un todo único que envuelve nuestra propia seguridad y la de nuestro patrimonio, nuestra libertad, nuestra integridad física y nuestros derechos. En el presente y en el futuro. El autor es diputado .
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