La resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), mediante la cual este organismo del Estado se arroga la facultad —que de acuerdo con la Constitución y la Ley no le corresponde— de destituir de su cargo al diputado socialcristiano Agustín Jarquín Anaya, no parece haber sido redactada por abogados, mucho menos por expertos en derecho político, electoral y constitucional como se supone deben ser los magistrados electorales y sus asesores políticos y legales.
Es tan absurda, grotesca y arbitraria esa resolución del CSE, que la Asamblea Nacional debería rechazarla de inmediato y sin mayores consideraciones. Además la Corte Suprema de Justicia tendría que invalidarla, en respuesta a la apelación que interpondrá el diputado Jarquín, según él mismo lo ha anunciado; y también al necesario recurso por conflicto de competencia y constitucionalidad con el poder electoral, que el poder legislativo está obligado a presentar ante la Corte por respeto a sí mismo y en defensa de la Constitución.
Eso es lo que debería ocurrir en un Estado de derecho y democrático, en el cual se aplica la ley y funcionan normalmente las instituciones republicanas. Pero bajo el régimen inconstitucional y autocrático de Daniel Ortega sin duda que no es el caso de Nicaragua.
En realidad, la destitución del diputado Agustín Jarquín no es un error ni una decisión precipitada de los magistrados de facto del CSE. Ni siquiera debe haber sido idea de esos magistrados, quienes además son funcionarios de facto. Lo más probable es que haya sido ordenada por Daniel Ortega, a fin de castigar la supuesta “traición” de Jarquín porque se pasó a la oposición parlamentaria habiendo sido elegido diputado en las listas del partido oficialista FSLN, aunque no como militante sino como su compañero de ruta.
En el editorial de ayer señalamos que con acciones como la destitución arbitraria de Agustín Jarquín y otras iguales o parecidas, el régimen de Daniel Ortega se ajusta a la definición de totalitarismo suave elaborada por científicos políticos para calificar a las nuevas dictaduras que se solapan como democracias. En este orden, el académico español catalán, Josep Miró i Ardevole, director del Instituto de Estudios del Capital Social de la Universidad Abat Oliba, en Barcelona, al analizar las diferencias y similitudes entre las dictaduras tradicionales y el totalitarismo, señala en un ensayo titulado Los nuevos totalitarismos que “los dictadores tradicionales aspiran a mandar”, pero los dictadores totalitarios “además de mandar quieren ser amados. El totalitarismo es una dictadura, pero no todas las dictaduras son totalitarias”, aclara el analista catalán.
Pero también explica Miró i Ardevole la diferencia que hay entre el totalitarismo clásico y duro y el totalitarismo nuevo y suave, aunque en el fondo sean iguales porque persiguen los mismos objetivos. Sin embargo, el totalitarismo anterior era extremadamente represivo y criminal, como el nazi y el estalinista, en tanto que el nuevo totalitarismo es blando de apariencia pero al fin y al cabo es mucho más eficaz y voraz que el anterior.
No sabemos si el profesor catalán conoce Nicaragua y ha analizado al régimen orteguista, pero en lo que escribe sobre el totalitarismo nuevo y suave retrata con nitidez lo que hay actualmente en Nicaragua.
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