La intercepción en Panamá de un barco norcoreano procedente de Cuba que transportaba armas no declaradas ha puesto de manifiesto una arista del eventual Canal por Nicaragua que debe ser atendida si esa obra, de tanta importancia para este país, ha de ser emprendida prestando consideración a legítimas razones del comercio mundial y de la paz y seguridad regional.
Hasta ahora ha pasado desapercibido que el generoso Acuerdo de Concesión que el gobierno de Ortega extendió a un empresario chino, y que ha sido objeto de fundadas críticas desde la perspectiva de la soberanía y los intereses de Nicaragua, no contiene ninguna cláusula que comprometa a la neutralidad del eventual canal. Y la única referencia al tema, en una ley preexistente (la Ley 800), tiene carácter enunciativo y, por lo demás, siendo una ley nicaragüense no obliga a ningún otro país.
El tema de la neutralidad de estas zonas de tránsito no es menor, ni nuevo. Algunas regiones y zonas de tránsito han sido neutralizadas al amparo de convenciones y tratados internacionales para aislarlas de conflictos, y se citan al respecto el Mar Negro, los estrechos de Magallanes y del Bósforo y Dardanelos, y, desde luego, el Canal de Suez (Convención de Constantinopla de 1888). El Canal de Panamá tiene sus propios antecedentes al respecto, y más recientemente la neutralidad fue tema sustantivo de los Tratados Torrijos-Carter, al extremo que el mismo día se firmó el “Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá”. En el artículo II de este Tratado “Panamá declara la neutralidad del Canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, este permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad y consecuentemente el Istmo de Panamá, no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo”.
Para que ese tratado bilateral, que ha sido citado a propósito del barco norcoreano además del embargo de armas impuesto a Corea del Norte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tuviera efectos amplios, el mismo ha sido suscrito por otras partes, en especial las potencias que podrían arrastrar Panamá a sus conflictos. Así, el tratado de neutralidad se acompañó de un Protocolo de Adhesión de terceros Estados al cual se han adherido muchos países, con todos los miembros del Consejo de Seguridad, China incluida.
Es difícil creer que el Canal por Nicaragua pueda llevarse a cabo si detrás del empresario Wang Jing no está el gobierno de China. Este país tiene la capacidad técnica y financiera para llevar adelante semejante empresa, que sería, por mucho, la mayor inversión en infraestructura de América Latina en muchas décadas, y una obra ingenieril de envergadura mundial.
Además, solamente con financiamiento estatal, por debajo de las condiciones de mercado, el eventual Canal por Nicaragua podría tener peajes competitivos.
Si China se involucra, entonces, será por razones geoeconómicas y geopolíticas de muy largo alcance. Y es aquí donde se pronuncia la arista del tema que estamos mencionando ya que el empresario chino tiene la prerrogativa de ceder los derechos adquiridos a un Estado que, obviamente, sería China.
Como Wang Jing insiste que el Canal será internacional, abierto a inversiones de otros estados y empresarios, la omisión a la neutralidad tiene muchas implicancias, pero basta mencionar algunas. ¿Qué inversionistas y financistas van a aportar recursos para una obra sin neutralidad frente a eventuales conflictos? ¿Qué planificación harán las compañías de comercio y tráfico marítimo por una ruta con ese riesgo? ¿En cuánto recargarán los costos las aseguradoras?
Y los nicaragüenses, que quisiéramos ver realidad ese sueño de siglos, nos preguntamos: ¿Por qué exponer a nuestro país que recién salió del ojo del ciclón de la Guerra Fría, a nuevos conflictos geopolíticos? ¿No se frustraría la posibilidad de que el Canal contribuya al desarrollo de Nicaragua, como se espera?
La omisión que levanta esas interrogantes se subsanaría con un instrumento jurídico internacional de adhesión a la neutralidad por otros países. Pero las otras interrogantes que han sido planteadas en cuanto a los beneficios del Canal, siguen sin contestarse.
El autor es excandidato a la vicepresidencia de la república.
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