El presidente inconstitucional Daniel Ortega fue claro al decir que la economía nicaragüense no debe depender del Canal Interoceánico, sino de la agricultura, contradiciendo las declaraciones de los diputados orteguistas y funcionarios de su gobierno, quienes han vendido la idea que esta megainfraestructura aumentaría el Producto Interno Bruto y disminuiría el desempleo en el país.
“Lo que quieren hacer es una gran especulación, pero si uno compara las concesiones canaleras de la historia de nuestro país, la más vendepatria ha sido la firmada por Ortega. Él lo que hizo fue dar un discurso para los más allegados y que estos los repitan y tildar a otros de vendepatria”, dijo Solís. La jurista expresó que esta concesión canalera hecha al chino Wang Jing es peor que el tratado Chamorro-Bryan.
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La jurista constitucionalista, Azahálea Solís, opinó que el hecho de que Ortega minimizara la concesión canalera es un apartarse de su comportamiento irresponsable. Sin embargo, afirmó que la ley es una realidad, que no ha sido reformada o derogada y es una “espada de Damocles”.
“Esta concesión canalera es una espada que nos afecta los derechos de todos los nicaragüenses, pues violenta claramente la Constitución de nuestro país”, dijo la jurista.
En tanto, el diputado opositor Agustín Jarquín Anaya está claro de que este canal no se construirá, ya que sobre esta obra recaen recursos de inconstitucionalidad de los pueblos indígenas rama y mayangnas, pues se verán afectados con las confiscaciones en sus tierras ancestrales.
Jarquín Anaya recordó el recurso que introdujo el pueblo mayangna ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde demandó al Estado de Nicaragua por no haber demarcado las tierras comunales de Awas Tingni ni haber tomado medidas efectivas que aseguraran los derechos de propiedad de sus tierras ancestrales y recursos naturales.
El diputado añadió que Ortega otorgó una concesión en tierras indígenas sin el consentimiento de ellos y no garantizó un recurso efectivo para responder a los reclamos hechos.
En el año 2001, la CIDH había concluido que el Estado nicaragüense era violador de los derechos del pueblo mayangna de Awas Tingni por entregar concesiones a empresas pasando por encima de los derechos indígenas, a quienes ampara un amplio marco jurídico fuera y dentro del país. “Este antecedente pesa, por lo tanto esta ley del Canal puede ser declarada ilegal”, dijo Jarquín Anaya.
400 millones de dólares es lo que se invertirá para los estudios de factibilidad de la obra del Canal. Sin embargo, para el diputado Agustín Jarquín, del discurso de Ortega se desprende que se debe revisar la ley y corregir los defectos que tenga.
tro motivo por el cual el presidente Daniel Ortega minimizó el tema del Canal Interoceánico es porque no quiere más ruido o protestas por la construcción de Canal, dijo la jurista Azahálea Solís, quien agregó que los Ortega Murillo desean tener las manos libres de protestas y contradicciones. “Lo que quieren hacer es una gran especulación, pero si uno compara las concesiones canaleras de la historia de nuestro país, la más vendepatria ha sido la firmada por Ortega. Él lo que hizo fue dar un discurso para los más allegados y que estos los repitan y tildar a otros de vendepatria”, dijo Solís. La jurista expresó que esta concesión canalera hecha al chino Wang Jing es peor que el tratado Chamorro-Bryan.
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