Elízabeth Romero /Roy Moncada
El abuso en que incurre el gobierno del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, a causa de sus actividades partidarias va más allá de obligar a los empleados públicos a participar en las mismas. Con las imposiciones gubernamentales resulta afectada la ciudadanía en general, al establecer medidas de seguridad que alteran el tránsito vehicular en casi todo Managua, sin especificar a la población vías alternas, lo que violenta el derecho a la libre movilización.
El gobierno de Ortega también obliga a transportistas de Managua y de los departamentos, a disponer de sus unidades para trasladar a sus militantes y a empleados públicos a la celebración del 34 aniversario de la revolución.
“Es un precepto constitucional que los ciudadanos nicaragüenses debemos ejercer el derecho a circular libremente, sin mayores restricciones y es obligación de la autoridad policial tutelar el pleno goce del derecho”, expresó Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Es común que en este tipo de celebraciones la Policía restrinja el libre tránsito en algunas vías, pero de la misma manera debería especificar vías alternas que agilicen la movilización del ciudadano, señaló Cuevas quien manifestó que las autoridades policiales deben tomar en cuenta que no todos los ciudadanos participan en la celebración oficial.
“ABUSO POLICIAL”
Roberto Orozco, investigador independiente en temas de seguridad, considera que es “abuso policial”, el hecho de que la Policía no haya establecido esas rutas alternas para los demás usuarios de las vías.
Según dijo, en esta medida no existe una correlación para el resto de la población que no participará en la actividad de celebración del Gobierno.
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El profesor Ramón Rivera, opinó que esas “exorbitantes cantidades de dinero utilizadas para rendir culto a la persona de Daniel Ortega” lo deberían utilizar para invertir en educación porque “a los maestros no nos dan ni los marcadores”.
Los usuarios del transporte público de Granada y Carazo hoy se tendrán que movilizar a pie, porque la mayor parte de la flota será usada para trasladar a los empleados públicos. Uno de los dueños de buses dijo que están obligados, de lo contrario les quitan la circulación del vehículo, la concesión y el derecho a trabajar.
Roberto Mora y Lucía Vargas / Corresponsales
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Desde ayer en la capital hay “un caos” en las vías y a la Policía no le interesa esto, señaló Orozco, que lo ve como una forma de “congraciarse” con Ortega.
Tanto Cuevas como Orozco coinciden en que la Policía debe establecer medidas de seguridad por motivos de la actividad partidaria, pero las mismas deben contemplar al resto de la población que tiene derecho a desplazarse libremente.
Desde ayer la población que se movilizaba por el sector pudo experimentar los atrasos que representaba circular por las vías, sin que hubiesen suficientes reguladores de tráfico.
Esto fue más evidente ayer en las inmediaciones de la Avenida Bolívar, sobre todo en la vía aledaña a los semáforos al antiguo Cine González donde durante el día hubo constantes embotellamientos. Esto puso en evidencia la falta de planificación para desvíos previos.
Mientras oficiales policiales revisaban manjoles en esas vías, un agente desviaba a los conductores a calles aledañas donde había congestionamiento vehicular.
Muchos de los usuarios capitalinos que requieren trasladarse a su trabajo lo hacen bajo dificultades y mayor costo, criticó Cuevas.
“Pareciera que hay una actitud discriminatoria por parte de la autoridad”, para quienes no participan en las celebraciones del oficialismo, mientras le proporciona mayor facilidad a los que participan en la actividad partidaria.
El abogado de la CPDH cuestionó que hay zonas donde circula mayor cantidad poblacional que no están resguardadas por los agentes, lo que les expone a riesgos. El abogado de la CPDH lo experimentó el pasado 17 de julio, cuando dijo, no había la misma cantidad de gente movilizada en las calles de lo que habrá hoy y el recorrido que comúnmente le lleva una hora a su casa, ese día le tomó dos horas.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, dijo el miércoles que hoy el total de las fuerzas estaría dispuesta a la cobertura de esa actividad.
TRASLADO DE EMPLEADOS
Mientras el dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, criticó que una vez más los empleados públicos son obligados a asistir a las rotondas y a la plaza “a cambio de su estabilidad laboral”.
Además denunció que el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), ha girado órdenes a través de sus delegados que bajo lista, los transportistas de los departamentos deben prestar el servicio de traslado de los empleados públicos para que asistan a la actividad que debería ser de fiesta nacional, pero que la han convertido en meramente partidaria.
Y en la cadena de “abusos”, los dirigentes del transporte capitalino obedecieron una vez más las directrices del partido de destinar los buses necesarios para trasladar simpatizantes del orteguismo y trabajadores estatales a las diferentes rotondas de Managua.
Luego del mediodía de ayer se empezó a notar la falta de unidades del transporte y ya para las 5:00 p.m., era más notorio la cantidad de usuarios que esperaban poder trasladarse.
Danilo Sánchez, presidente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo (Urecootraco), reconoció que utilizaron los buses para movilizar gente de los barrios e instituciones públicas. Aunque alegó que “hubo una coordinación en todas las cooperativas de Managua, agarramos ciertos buses de varias cooperativas para no afectar la población”.
Y bajo la justificación de que “toda Managua” celebrará hoy, Sánchez aseguró que la utilización de los 835 buses para el traslado no perjudicará a ningún usuario del Transporte Urbano Colectivo (TUC).
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