COLÓN/AFP
Los 35 tripulantes del desvencijado buque norcoreano, interceptado en Panamá por contrabandear misiles y aviones cubanos ocultos bajo toneladas de azúcar, podrían ser condenados a seis años de prisión, informó ayer el fiscal Javier Caraballo.
“Les formulamos cargos a los marinos y ellos se acogieron a su derecho de no declarar (… ), este tipo de conductas por transporte ilegal de armas tiene de cuatro a seis años de prisión”, explicó al anochecer del miércoles en el Muelle Manzanillo, al pie del buque retenido.
El Chong Chon Gang transportaba vetustas armas de más de medio siglo que el gobierno de Cuba intentó enviar a través del Canal de Panamá, sin declararlas, para su reparación en Corea del Norte, sujeto a embargos de la ONU para todo comercio o trasiego de armas tras realizar ensayos nucleares.
“Esto es algo que las Naciones Unidas va a tomar el control”, dijo el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, según el cual del barco “están saliendo más contenedores de la cuenta”. La ONU “determinará” si hay “resoluciones que han incumplido los países y en función de eso les exigirán responsabilidades”, manifestó la fiscal general Ana Belfon.
Los 35 tripulantes permanecen bajo custodia en las instalaciones de Fuerte Sherman. Corea del Norte, en su primera reacción —una semana después de la intercepción—, sostuvo que “las autoridades de Panamá deberían liberar a la tripulación detenida y dejar partir cuanto antes al buque”. “Este cargamento no son más que armas ya viejas que serán enviadas de vuelta a Cuba luego de ser reacondicionadas, según un contrato legítimo”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano.
Hugh Griffiths, del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés), sostiene que Corea del Norte usualmente repara viejo material militar de países del Tercer Mundo a cambio de materias primas que requiere con urgencia, mucho más tras las sanciones por sus ensayos nucleares.
Los reclamos cubano y norcoreano no han convencido a las autoridades panameñas, que insisten en que están obligadas, como miembros de ONU, a hacer valer los embargos decretados por el Consejo de Seguridad. Panamá parece tratar de deslindar todo en la ONU y el miércoles solicitó formalmente al Consejo el envío “lo antes posible” de una comisión de expertos para que analice el material decomisado.
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