El juicio contra el capitán Francesco Schettino, único acusado por el naufragio en enero del 2012 del crucero de lujo «Costa Concordia», que dejó 32 muertos, entraba este miércoles en las discusiones de fondo ante un tribunal de Grosseto (noroeste de Italia), tras una serie de trámites e interrupciones.
Un año y medio después de la tragedia, el proceso comenzó oficialmente el martes pasado en la sala del Teatro Moderno de Grosseto, para dar cabida a los testigos y víctimas, pero sufrió una interrupción debido a una huelga nacional de abogados. Más de 400 testigos han sido convocados y 250 han pedido constituirse parte civil para un juicio que seguramente será largo y complejo.
«El hombre más odiado de Italia», apodado por los diarios británicos «Capitán Cobarde», ha sido acusado de homicidio múltiple por imprudencia, abandono de navío y daños al medio ambiente. «Estamos aquí para pedir justicia para las víctimas, los sobrevivientes y para aquellos que pasarán toda la vida marcada por la angustia», declaró a la AFP Francesco Di Ciollo, uno de los dos abogados de las víctimas italianas.
«Queremos que se aclare lo que ocurrió en el naufragio. Algo muy simple: el capitán no garantizó la seguridad de los pasajeros a bordo», subrayó Fabio Targa, uno de los abogados que representa a las partes civiles.
Entre los 347 testigos de la acusación figura Domnica Cemortan, una bailarina modalva que se encontraba en el puente de comando con Schettino en el momento del naufragio, y el valiente Gregorio De Falco, el jefe de la capitanía del puerto de Livorno, quien conminó enérgicamente al capitán a subir nuevamente a bordo del barco para dirigir la evacuación.
El buque gigante, que transportaba 4.229 personas de 60 nacionalidades, chocó el fatídico 13 de enero del 2012 durante una noche fría contra los arrecifes de la pequeña isla del Giglio causando la muerte de 32 personas. Los cuerpos de dos de ellas nunca fueron hallados).
«Schettino no abandonó la nave. Si hubiera permanecido diez minutos más se hubiera caído en el agua y no hubiera podido dirigir la evacuación», asegura Donato Laino, uno de sus abogados defensores, anticipando la línea de defensa.
Schettino es el único que se sentará en el banquillo de los acusados, pues las otras cinco personas inculpadas –el director de la unidad de crisis de Costa Cruceros, Robert Ferrarini, el timonel indonesio, Jacob Rusli Bin, y otros tres tripulantes– obtuvieron la autorización de la fiscalía para tener una pena negociada. El juez debía determinar ello el lunes, pero la audiencia fue postergada al 20 de julio debido a la huelga.
En la lista de 250 partes civiles figura la firma Costa Cruceros (grupo Carnival), propietaria del crucero, el Estado italiano y la isla del Giglio, joya ecológica del Mediterráneo, donde el enorme crucero yace semihundido sobre un costado a la espera de que un equipo de expertos inicie la compleja e inédita operación de enderezarlo y trasladarlo entero a un puerto italiano. Para el representante del ministerio del Medio Ambiente, la abogada Patrizia Pena, el naufragio causó daños por cerca 12,5 millones de euros, una cifra que podría ser aún más elevada.
Decenas de sobrevivientes demandaron a la compañía y buena parte de los que no perdieron familiares pactaron una indemnización de 11.000 euros propuesta por Costa. La compañía fue condenada en abril a pagar una multa de un millón de euros al cabo de una negociación durante la cual reconoció su responsabilidad administrativa, con lo que evitó un juicio penal.
