Rezaye Álvarez M. y José A. Silva
Un nuevo caso de corrupción que involucra al tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López Centeno, reveló otra vez la falta de transparencia con que opera el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Esta vez el caso estalló en la antigua empresa Materiales y Construcción SA (Mayco), que hasta 2008 fue una empresa del Estado. Sin embargo, el gobierno de Ortega le entregó a los trabajadores las acciones y los obligó a darle el 35 por ciento de sus ganancias anuales al gobernante FSLN.
Desde entonces, mediante una serie de situaciones que los trabajadores califican de “fraudulentas”, el tesorero del FSLN constituyó otra empresa a partir de Mayco y ahora este, supuestamente, quiere quebrarla para absorberla totalmente.
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Según José Luis García, presidente de la junta directiva de Mayco, en el 2010 López Centeno, también vicepresidente de Albanisa y presidente del estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), fusionó Mayco con su empresa Tecnologías y Sistemas SA (Tecnosa) y creó Mayco-Tecnosa (Matecsa), asignando a esta última el 35 por ciento de las acciones para trasladar esos activos a favor del FSLN, situación que, según los trabajadores, fue hecha a sus espaldas.
En la escritura general de constitución de la nueva empresa estatal, los trabajadores aparecen como si fueron consultados y que aprobaron el cambio, cosa que ellos niegan tajantemente.
Según García, ellos todavía no tienen claro si el 35 por ciento de las acciones que Tecnosa arrancó de Mayco —con la conformación de Matecsa— son de López Centeno o son directamente del FSLN, partido en nombre del cual López Centeno, según la denuncia, les toma fondos de la empresa sin dar detalles.
La más reciente situación, denunciada ayer por los trabajadores en la planta de Mayco, fue que por órdenes de López Centeno a la junta directiva de Matecsa se le impidió el acceso a tres millones de córdobas que estaban en las cuentas de la empresa.
Según García, el gerente que administró hasta 2010, y que era socio de Mayco, entregó la empresa con una deuda de 7 millones de córdobas. Luego de la constitución de Matecsa, López delegó en su pariente, Alfredo Centeno López, la gerencia financiera. Según la denuncia de García, Centeno López de 2010 a noviembre de 2012 aumentó la deuda de la empresa hasta 50 millones de córdobas, sin que el tesorero del FSLN explique a los trabajadores las causas de esa deuda.
Tras esta debacle financiera, López siguió nombrando a varios gerentes más para “hundir la empresa”, denunció García.
Desde hace dos semanas, casi toda la junta directiva de Mayco decidió retomar la administración de la empresa. Según la responsable de facturación, Lilliam Zamora, la empresa durante esas dos semanas ha facturado 1.2 millones de córdobas.
Según Zamora, Mayco ha tenido una rentabilidad de hasta 12 millones de córdobas por mes, porque esta es “una empresa rentable que, bien administrada, puede salir adelante”.
OTRAS ANOMALÍAS
De acuerdo con William Roa, secretario de la junta directiva de Mayco, además de la enorme deuda dejada por el gerente financiero nombrado por López, la empresa adquirió una deuda con Créditos y Servicios (Creser) por 550,000 dólares, para que Mayco pudiera comprar la mina arenera Sandino.
No obstante, ahora esa mina solo responde a los intereses de Tecnosa y la deuda se la anotaron a Mayco, según Roa. “De la noche a la mañana nos quitaron la mina”, dice Roa.
Ahora, según Roa, la mina rebautizada como Sandino-Tecnosa es administrada por Cristhian López, un hijo del tesorero del FSLN.
Mayco, al momento de hacer el préstamo a Creser, entregó las escrituras de propiedad y, según Roa, estas todavía están ahí.
La mina fue abierta en 2010. Para noviembre de 2012 se separó de los estados financieros de Matecsa y pasó a ser totalmente de Tecnosa, como parte de “los activos del 35 por ciento manejado por López o el FSLN”.
De hecho, Roa explicó que, al momento en que el Gobierno entregó la empresa a los trabajadores, estos tenían entendido que lo que iban a entregar al partido era el 35 por ciento de las utilidades y no el 35 por ciento de las acciones.
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