En una encrucijada legal donde el Estado de Nicaragua no tendrá muchas armas para defenderse, dejó el titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Eddy Medrano, en el contrato que firmó con la empresa Alvimer Internacional y Compañía Limitada, a quien otorgó sin licitación la concesión del servicio de escáner en las aduanas del país.
Si la DGA cancela el contrato tendrá la obligación de pagarle a Alvimer Internacional un resarcimiento económico equivalente a lo que la empresa hubiese ganado en el plazo que falte para cumplirse los 15 años de concesión del servicio que se le entregó.
Se calcula que las ganancias de la empresa serán por 220.6 millones de dólares durante el período de concesión.
Se trata de un gran negocio teniendo en cuenta que Alvimer Internacional invertirá unos 22.4 millones de dólares en los equipos de escáneres que debe instalar en las aduanas.
En cambio la DGA solo recibirá 27 millones de dólares por todo lo que se recaude en los 15 años.
Pero si es Alvimer que desiste del contrato, la DGA puede hacer efectiva la garantía de cumplimiento fijada solo en un millón de dólares.
ALVIMER GANA SIEMPRE
LA PRENSA reveló desde que la iniciativa de Ley de Concesión del Sistema de Inspección No Intrusiva (por escáner) en los puestos fronterizos llegó a la Asamblea Nacional, la serie de irregularidades que el director de la DGA cometió, como firmar con José Javier Armijo, representante de la empresa Alvimer Internacional y Compañía Limitada, el contrato el 31 de mayo de 2013. Sin embargo, la compañía aparece constituida en Nicaragua el 6 de mayo de 2013 e inscrita en el Registro Público de Managua el 21 de mayo de 2013. Es decir que en pocas semanas la DGA negoció con Alvimer Internacional, el Gobierno le aprobó y la Asamblea lo ratificó todo.
Para el exdirector de Ingresos, Róger Arteaga, “este contrato es leonino” y va “en contra de todas las normas legales existentes en Nicaragua, porque al concesionario le están dando todas las condiciones para salir siempre ganando” y expone al Estado a sufrir una pérdida millonaria.
“La DGA es un apéndice del Gobierno, pero su director (Eddy Medrano) se tomó atribuciones que solo son del Gobierno y la Asamblea, porque empeñó la soberanía del país al firmar un contrato que no le da oportunidad de defenderse al Estado”, afirma Arteaga.
La cláusula novena del documento firmado por Medrano obliga a pagarle el resarcimiento económico a Alvimer en treinta días calendario a partir de la fecha de ser notificada de la decisión unilateral de la DGA de rescindir del contrato.
Las condiciones favorecen a la compañía privada —inscrita en Nicaragua, supuestamente subsidiaria de Alvimer SA en Panamá—, por cuanto si la DGA decide unilateralmente cancelar “sin motivo, justificación o causa alguna” el contrato, pagará lo equivalente al ingreso bruto mensual de la empresa “multiplicado por la cantidad de meses que queden hasta el final de la vigencia del contrato”.
La Asamblea aprobó que sea 0.26 por ciento el impuesto creado por el escáner a las mercancías. Es por este porcentaje que las ganancias andarían en los 220 millones de dólares. Pero como también se cobrará una tasa de 15 dólares a los furgones de carga y de pasajeros que pasen por las aduanas, Alvimer tendría una ganancia adicional promedio de 83 millones de dólares.
Aún si el contrato se cancela y Alvimer no ha brindado el servicio, igual se le pagará “el valor total de la inversión del proyecto” que incluye “equipos, mobiliario, gastos legales y administrativos incurridos, así como los daños y perjuicios que la terminación anticipada pudiese ocasionar”.
DESHACER CONTRATO YA
“Lo que ha pasado aquí es grave”, asegura Arteaga al analizar que ante una eventual reforma a la Ley de Escáner, como lo exige el sector privado y lo promete el Gobierno, el contrato firmado por Eddy Medrano le da todas las armas legales a Alvimer Internacional para demandar al Estado de Nicaragua y hacerle pagar una indemnización millonaria.
Para el experto, lo sano y recomendable a lo inmediato es que el Gobierno y la Asamblea “invaliden el contrato diciendo que el director de la DGA se extralimitó y violentó las normas legales, correr al funcionario y negociar con el concesionario que lo acordado no procede porque viola las leyes de Nicaragua”.
ACTUAR RÁPIDO
Róger Arteaga, exdirector de Ingresos, considera que lo importante en este momento no es reformar la Ley de Escáner para eliminar o reducir el cobro del 0.26 por ciento sobre el valor de la mercancía en las aduanas. “Lo urgente es resolver la exposición legal en que está Nicaragua ante una empresa privada que en el ámbito empresarial nadie conoce”, afirma. Recomienda al Gobierno actuar con rapidez y evitar una confrontación con Alvimer Internacional, y además hacer lo que desde un principio correspondía, mandar a licitar el servicio de escaneo en las aduanas.
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