Moisés Martínez y Sergio M. Bustamante
El titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Eddy Medrano, favoreció con un millonario negocio a la empresa Alvimer cuando esta tenía menos de un mes de haberse conformado y apenas diez días de haberse inscrito en Nicaragua de acuerdo con indagaciones de LA PRENSA.
Según los datos de inscripción de la empresa Alvimer Internacional y Compañía Limitada contenidos en el contrato que firmaron con la DGA, esta se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Managua desde el 21 de mayo del año en curso. Pero según los datos registrales a los que tuvo acceso este Diario, esta empresa fue creada el 6 de mayo pasado.
Aprobada el 13 de junio y promulgada el 28 del mismo mes, esta ley determina el pago del 0.26 por ciento sobre el valor de las mercancías que atraviesen las fronteras nicaragüenses, motivo que generó el pronunciamiento del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), entidad que anunció enviar a más tardar el día lunes una propuesta de reforma a dicha ley ante la Presidencia.
Arce, mientras se inauguraba la XIV Feria de la Construcción y la Vivienda (Fercon 2013), calificó este cobro en la ley como un “error técnico”, el cual los diputados del plenario “van a tener que entender”.
Ayer Arce sostuvo sus declaraciones del jueves a Canal 12 y reiteró que la Asamblea, de encontrar fallas en la ley, tendrá que reformarla.
Desde que se aprobó la ley el Cosep ha manifestado que irrespeta los compromisos ante la Organización Mundial del Comercio.
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El 95 por ciento de las acciones de Alvimer Internacional y Compañía Limitada pertenece a lo que sería su empresa madre, Alvimer Internacional SA creada en Panamá el 20 de febrero de 2006. El restante cinco por ciento le corresponde a la sociedad panameña Inversiones Millan Internacional Corporation, representada en nuestro país por la abogada Meyling Zulema Sampson, del bufete Consortium Taboada.
Sin embargo, un rastreo en Google de la empresa madre, supuestamente en operaciones de 2006, no devuelve actividades de esta compañía.
El contrato con Alvimer fue firmado con Aduanas el 31 de ese mismo mes.
Alvimer Internacional y Compañía Limitada resultó adjudicada de “dedo” (sin proceso de licitación alguno) de un contrato que de acuerdo con las primeras estimaciones generarían unos 18 millones de dólares al año, 270 millones en todo el periodo de concesión establecido en el contrato, que es de 15 años.
De este dinero, a la DGA solo le correspondería un diez por ciento de las ganancias (27 millones de dólares en todo el periodo). Si se descuentan los 22.4 millones que Alvimer invertiría para desarrollar el sistema de escáneres para las mercancías que ingresen al país, las ganancias para esta empresa superarían los 220 millones de dólares.
SILENCIO PERMANENTE EN ADUANA
LA PRENSA llamó al móvil del titular de Aduanas, Eddy Medrano, pero este no respondió. Bastante reacio a los periodistas, sobre todo a los de medios independientes, Medrano no ha ofrecido hasta la fecha una sola declaración sobre la firma de este contrato.
Este acuerdo incluso fue firmado antes de que la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Concesión el 13 de junio pasado.
PANAMEÑOS Y HONDUREÑOS
De acuerdo con el contrato en poder de LA PRENSA, Alvimer Internacional y Compañía Limitada se encuentra inscrita en el 44548 B-5, de las páginas 72/103, Tomo 1221-B-5, Libro Segundo de Sociedades del Registro Mercantil de Managua. Los socios que aparecen representados son Inversiones Millan Internacional Corporation y dos abogados también panameños. El presidente y tesorero es Vicente Saldaña Rodríguez y quien aparece como secretario es Celestino Arauz.
Sin embargo, estos dos abogados no aparecen en la Junta Directiva de Alvimer. Esta es conformada por su presidente, el hondureño Patricio Alejandro Hernández, su secretario, el abogado estadounidense José Javier Armijo y como vigilante, el hondureño Leonardo Ernesto Figueroa.
Quien realizó las gestiones legales para inscribir la empresa en Managua fue el abogado Carlos Noel Castrillo Martínez, también del Consortium Taboada.
Este mismo bufete fue el que realizó las gestiones legales del consorcio a cargo del proyecto del Canal Interoceánico.
La dirección que consigna Alvimer para todas las diligencias es donde están ubicadas las oficinas de Taboada y Asociados, del Hospital Militar, una cuadra hacia el lago.
LA PRENSA llamó a las oficinas de Taboada y Asociados preguntando por el abogado Castrillo Martínez, pero una secretaria respondió que este se encontraba fuera de la oficina.
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