Wendy Álvarez Hidalgo
La economía de Nicaragua retrocedería 23 años, la inversión extranjera se frenaría y miles de empleos desaparecerían si finalmente Estados Unidos sanciona al país por asilar al exespía de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden, perseguido por filtrar información de un programa de vigilancia, advirtió el empresariado nicaragüense.
Nuevamente la inquietud y miedo saltó ayer en el seno de la empresa privada nicaragüense luego que congresistas demócratas y republicanos estadounidenses advirtieron este fin de semana de las consecuencias para aquellos países que acepten refugiar a Snowden, que permanece varado en una terminal aérea en Moscú, Rusia. El presidente inconstitucional Daniel Ortega dijo el pasado viernes que “con todo gusto” daría refugio a Snowden “si las condiciones lo permiten”.
Y aunque el exespía de la NSA solicitó asilo a más de 21 países, solo Nicaragua —el segundo país más pobre de América Latina—, Bolivia y Venezuela, se han ofrecido. En tanto, Cuba solamente se limitó a respaldar esa decisión de los tres países del Alba.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reconoce que el otorgar asilo es un derecho soberano de cualquier país, pero recuerda que Nicaragua no tiene condiciones para asilar a Snowden, principalmente por el vínculo que la economía del país tiene con Estados Unidos.
“La decisión final la tiene el presidente de la República, sin embargo, el costo lo pagaríamos millones de nicaragüenses”, expresó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, quien anunció que ayer mismo enviaron un carta al Gobierno para expresarle su preocupación.
En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Diego Vargas Montealegre, manifestó: “Yo le tomo la palabra al presidente Daniel Ortega. Él (Ortega) dijo claramente que consideraría el otorgamiento de asilo al fugitivo norteamericano ‘si las circunstancias lo permitían’ y nosotros creemos —precisamente— que las circunstancias no lo permiten”.
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El representante gremial recordó que el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Roberto Menéndez; el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Rogers y de otros funcionarios del Gobierno de Estados Unidos indicaron “las consecuencias económicas y comerciales que acciones como la señalada (asilo a Snowden) conllevarían”.
DEPENDENCIA INCUESTIONABLE
Pero, ¿en qué se fundamenta el temor de los empresarios nicaragüenses? Resulta que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, compra cerca del 44 por ciento de los productos que exporta el país.
Además, en 2011 la inversión extranjera directa que recibió el país procedía de EE. UU. por un monto mayor a los 158 millones de dólares, según datos de la Agencia oficial de promoción de Inversiones y exportaciones Pro Nicaragua. En 2012, según cifras del Cosep, el país captó de esa nación 190 millones de dólares.
Estados Unidos también es la principal fuente de origen de las remesas que entran a Nicaragua. Según datos del Banco Central, el año pasado el 60.1 por ciento de los 1,014 millones de dólares que el país recibió en concepto de envíos procedían de ese país del norte.
El presidente del Cosep añade otro dato: “210 millones de dólares, aproximadamente, es lo que dejan al país los turistas que vienen procedentes de Estados Unidos; si a eso le agregamos la cooperación privada que nos dio este país todas estas cifras suman más de tres mil millones de dólares en el 2012”.
MÁS TEMAS QUE PREOCUPAN
Cosep y Amcham recordaron que Nicaragua está esperando respuesta al pedido de extender los beneficios de los TPL, que permitirá preservar gran parte de los más de cien mil empleos que generan las empresas de zona franca, principalmente las del sector textil. Incluso en días recientes una misión del Cosep viajó a Washington para cabildear a favor de que a Nicaragua se le renovara ese beneficio que vence en 2014, recordó Aguerri.
En ese sentido, Vargas recordó que “ ya incluso hay una enmienda en el Congreso de Estados Unidos para extender este beneficio hasta el 2024. Esa concesión estaría —claramente— en riesgo según las declaraciones de los senadores y congresistas norteamericanos”.
LA PRENSA se comunicó ayer con el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), Dean García, para que evaluara el impacto que tendría para el sector textil el no conseguir ese beneficio, sin embargo, declinó hacer comentarios. En una publicación reciente sobre los TPL, García dijo que de no lograr esa preferencia, al menos el cincuenta por ciento de las exportaciones textiles se verían afectadas.
EL WAIVER EN JAQUE
Este mes también está pendiente que los Estados Unidos decida sobre la renovación del waiver, una dispensa que permite al país continuar recibiendo financiamiento de fuente estadounidense, incluido los flujos monetarios que son manejados por organismos financieros multilaterales. El waiver se le impuso a Nicaragua por las expropiaciones en los años ochenta cuando gobernaba la actual administración sandinista.
Sobre este punto, el presidente de Amcham manifestó que “si bien la Procuraduría General de la República ha realizado un trabajo en el que se ha avanzado mucho, de nada serviría, pues las decisiones políticas prevalecerían por esto del asilo a Snowden; sin el waiver de la propiedad tendríamos afectaciones adicionales con los organismos financieros internacionales para los préstamos programados, así como para lograr el tan necesario nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional”.
Según la Dirección General de Inversión Pública, en el 2012 los bancos multilaterales en los cuales los EE. UU. tiene poder de veto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), aportaron 137.6 millones de dólares al financiamiento del Programa de Inversión Pública (PIP). Ese monto representaba el 45 por ciento de los recursos externos que financian el PIP.
El exfuncionario del BID, Edmundo Jarquín coincidió con Aguerri en que Ortega no solo está poniendo en riesgo la economía nacional sino también su propio proyecto canalero.
“Hacer política de tarima con temas internacionalmente tan sensitivos entra en contradicción con la proyección internacional que Ortega ha querido dar con el propio tema del Canal Interoceánico”, precisó Jarquín.
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