Xochilt Ocampo, la diputada del FSLN cuyo nombramiento le fue abruptamente cancelado, recibió una bofetada. Pero no solo ella. Como caen las piedras al agua, produciendo círculos concéntricos, la bofetada se extendió a los diputados del partido gobernante, para luego golpear al poder legislativo, al poder electoral, al Estado de Derecho, y a todos los nicaragüenses.
Primer círculo concéntrico: los diputados del FSLN. Ellos están ahora avisados que no votar como ordena el jefe puede causar despido sin ningún procedimiento. Esto les convierte, públicamente, en sirvientes del poder ejecutivo; fichas o instrumentos nombrados y removidos al antojo del mismo. No importa cuán buenos o patriotas sean, lo más relevante es que sean fieles a la voluntad del jefe que es su patrón y pagador. Triste papel. Porque quien vota por temor a perder sueldos y privilegios, y no por convicción, se ha prostituido.
Segundo círculo: el poder legislativo. De acuerdo a la Constitución, los diputados son representantes del pueblo. Su poder o legitimidad les viene del voto popular. Están supuestos a ser independientes de los otros poderes y como tales a expresar libremente su criterio. Para asegurar su independencia gozan de inmunidad y nadie, excepto la misma Asamblea, puede desaforarlos o privarlos del cargo, lo cual solo puede ocurrir en siete casos muy precisos. El caso de Xochilt derribó esta pretensión legal. El hecho de que haya sido el CSE el ejecutor de la orden de terminarla, sin necesidad de alegar causa o infracción alguna, significa que de ahora en adelante dicho órgano puede cancelar a su total arbitrio y sin recurso alguno el nombramiento de cualquier diputado, lo que pone al legislativo bajo el poder del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Tercer círculo: el CSE. Lo que hicieron sus magistrados es una perversidad jurídica ejecutada bajo órdenes de arriba. Razones para cancelar a Xochilt no las dan. Porque la razón verdadera —que ella no apretó el botón a favor del tratado canalero— es inconfesable. Le huyen entonces a los periodistas. No dan declaraciones. Ninguno se atreve a explicar. También ellos han sido exhibidos como funcionarios sin independencia y prostituidos.
Cuarto círculo: el Estado de Derecho. La subordinación de los actos del Gobierno a la ley ha sido otra vez vulnerada. Sin haber mediado un cambio constitucional o una nueva ley, el CSE, por las vías de hecho y en contravención de las leyes vigentes, se ha arrogado una nueva potestad que cambia radicalmente las reglas del juego democrático y desvirtúa el principio de la separación de los poderes. Es un insólito regreso al paleolítico político que viene a confirmar la gravísima percepción —para el desarrollo y la paz— de que en Nicaragua las leyes están pintadas en la pared.
Quinto círculo: los nicaragüenses. Por respeto a la población y miedo a las críticas la mayoría de los gobiernos prefieran disimular sus ilegalidades. Cuando Ortega quiso librar de la cárcel al expresidente Alemán, sus jueces lo declararon “valetudinario”. Cuando quiso reelegirse, el magistrado Rosales hizo un malabarismo jurídico para declarar inconstitucional la Constitución. Eran farsas. Pero al menos demostraban un mínimo pudor ante la ilegalidad. Hoy ya no. Para Xochilt no tuvieron que idear supuestas infracciones.
La actual falta de rubor demuestra un creciente desprecio al pueblo; una forma de decirle a los nicaragüenses que ante ellos no hay necesidad de disimular; o porque son brutos, que nada entienden, o sinvergüenzas, que nada les indigna, o cobardes, que siempre callan. ¿Están en lo correcto los gobernantes? El pueblo nicaragüense deberá decidir, con sus acciones, si es así, o si merece respeto.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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