Estela Serrano Borge, oriunda de San Pedro de Lovágo, municipio de Chontales, denunció que el Estado a través de un proceso penal contra su hijo Gerardo Lazo Serrano la quiere despojar de dos fincas que adquirió en 1969, cuando este ni siquiera había nacido y ahora la Fiscalía se las atribuye a él para decomisarlas.
- 3,885 manzanas de tierra conforman las fincas decomisadas La Auxiliadora, La Quimichapa, El Morro, Los Potreros, Las Colinas y El Rempujón, ubicadas en Río San Juan y Chontales.
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“Solicito ordene a los registros públicos de la propiedad correspondientes a que inscriban las propiedades detalladas a favor del Estado, en base a la Ley 735”, dijo Mairena.
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En agosto del año pasado el juez Quinto Distrito Penal de Juicio de Managua condenó a Lazo Serrano a 13 años de prisión por lavado de dinero y ordenó el decomiso de las fincas La Auxiliadora, La Quimichapa, El Morro, Los Potreros, Las Colinas y El Rempujón.
Según la denunciante, la finca La Auxiliadora mide más de 200 manzanas de tierra porque está compuesta por tres lotes que poco a poco fueron adquiriendo después que su suegro, Raúl Humberto Lazo Morales, les heredó el primer lote en 1969.
“Esa finca fue heredada. Es un patrimonio familiar. Mi suegro Raúl Humberto Lazo Rivas nos la regaló cuando nos casamos, luego con esfuerzo propio nosotros fuimos comprando parcelas y parcelas. Yo jalé tierra en hombro para poder emparejar el terreno y poder construir casa ahí”, dijo la afectada, después de salir de audiencia de apelación en el caso de su hijo.
Durante la audiencia, el abogado Ramón Rojas, defensa de Lazo Serrano, solicitó al tribunal que revoque el decomiso de las propiedades La Auxiliadora y La Quimichapa por ser propiedad de su señora madre y no tienen nada que ver con bienes del procesado.
Sin embargo, el procurador Francisco Mairena solicitó a los magistrados que se le confirme la sentencia contra Lazo Serrano en todos sus puntos, incluidos el decomiso de propiedades.
El abogado adjuntó pruebas documentales como escrituras y asientos registrales de las propiedades que demuestran que pertenecen a la afectada desde 1969.
Los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones escucharon a ambas partes y dijeron que se pronunciarán a través de sentencia en el tiempo que manda la ley. Las tierras siguen en poder del Estado.
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